Enciclopedia cotidiana del lugar común, entre las rutinas inexcusables del periodismo está el celebrar con la debida solemnidad las grandes efemérides que a nadie importan; por ejemplo, ésta que hoy nos ocupa, a saber, el treinta aniversario de la Constitución española. Tocaría, pues, echar mano con urgencia del arsenal de tópicos canónicos sobre la cuestión, por lo demás, exactamente los mismos que ya sirvieron para saldar la papeleta de cada uno de los veintinueve aniversarios anteriores.
O sea, procedería comenzar la exposición enumerando todas y cada una de las trampas saduceas contra la soberanía de la Nación que encierra el manido Título Octavo; continuar la airada letanía con la consabida crítica a las limitaciones que impone la Carta Magna a la Ley Electoral, abundando al respecto en la supuesta sobrerepresentación de la que siempre habrán de gozar las minorías centrífugas en el Congreso de los Diputados; para luego finiquitar el rutinario expediente con la preceptiva denuncia del famoso artículo 150.2, esa vía de agua que durante todos estos años ha permitido entregar competencias exclusivas del Estado a las Comunidades Autónomas. Todo ello convenientemente sazonado con la indignada denuncia de otra "distorsión" presunta del principio democrático, la causada por el "chantaje" de los secesionistas vascos y catalanes al Gobierno electo de turno.
El único problema que presenta esa retahíla de latiguillos y convencionalismos que acabo de reproducir ahí arriba radica en que la premisa mayor sobre la que se sustentan todos ellos, simplemente, resulta ser falsa. Y es que no se compadece con la verdad el prejuicio de que constituyen ínfima minoría las fuerzas que ponen en cuestión la propia legitimidad de la soberanía nacional española. Eso fue cierto en 1978, durante el periodo constituyente, cuando aquel PSOE germinal de Felipe González y Alfonso Guerra, mal que bien, encarnaba una organización nacional, vertebrada y jerarquizada que ejercía de contrapeso socialdemócrata al gran partido de la derecha española, todo ello en el marco de un sistema de bipartidismo imperfecto.
Pero hace mucho tiempo que ha dejado de ser así. Y ya iría siendo hora de que acusáramos recibo formal de la nueva realidad. Pues, guste o no, el actual Partido Socialista forma parte indisociable del muy heterogéneo bloque político, ideológico y cultural que cuestiona la configuración histórica de España como un Estado unitario. No comprender eso, es no haber entendido absolutamente nada de lo que aquí viene aconteciendo desde el 14 de marzo del año 2004. Por lo demás, a esa desconcertante extravagancia identitaria de las elites hegemónicas en nuestra izquierda, fenómeno específicamente hispano que resultaría inimaginable en el resto de los partidos socialistas o poscomunistas de Occidente, habría que añadir otro rasgo de la cultura política también genuinamente local. Otra tara que tiene su origen en la ausencia de una tradición liberal consolidada en cuanto a los usos civiles de la sociedad española.
Sirva como muestra de ella el gárrulo cainismo que, sin ir más lejos, acaba de exteriorizar José Blanco a propósito del atentado de Bombay. Atavismo bárbaro que deja entrever los síntomas más obscenos de una grave enfermedad moral: la concepción de la democracia como una pura y simple dictadura de las mayorías que, además, legitimaría a los representantes de éstas para tratar de aplastar por todos los medios imaginables a cualquier minoría disidente que se les enfrente. Pedestre, elemental, primaria forma de razonar que, por cierto, no es susceptible de ser modificada con un simple cambio legislativo, alterando el redactado de tal o cual artículo de la Constitución. Y no lo olvidemos nunca: con esos bueyes hay que arar.
Que el ramillete de anodinos funcionarios del poder que ahora mismo administra la voluntad política de la derecha sociológica fuera capaz de modificar tan triste estado de cosas, es una posibilidad que ni desde el más desaforado optimismo antropológico este columnista se atrevería a imaginar.