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Moción de censura

¿Hablan en serio Casado y Rivera? ¿Se toman en serio? ¿Nos toman en serio? Veremos.

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EFE

En las dictaduras, la política se hace en la calle. A la calle lanzan siempre los autócratas a sus partidarios para, merced a la aparatosa vistosidad de las grandes estampas corales de la masa aclamando enardecida a su tirano, tratar de legitimarse a ojos de la opinión tanto interior como exterior. Y también la calle, qué remedio, resulta ser siempre el escenario exclusivo donde los disidentes frente a las autocracias intentan expresar, a falta de ningún otro cauce mejor, su repudio al orden institucional que se les impone sin su consentimiento expreso. Así Venezuela, sin ir más lejos. En las democracias, en cambio, el sitio de la política no es la calle sino el Parlamento. Algo que no implica, huelga decirlo, que las manifestaciones y concentraciones en el espacio público deban ser orilladas como formas de expresión del sentir de una parte de la población ante determinadas situaciones políticas. Pero una cosa es el desahogo popular expresado mediante concentraciones en la vía pública y otra bien distinta la renuncia, expresa o tácita, de los partidos con una muy amplia representación parlamentaria, verbigracia el PP y Ciudadanos, a implementar a través de las Cortes Generales –y haciendo uso de los recursos que el Reglamento del Congreso pone a su disposición– las iniciativas que exigen unas denuncias tan graves contra el presidente del Gobierno como las que sus tres voceros ocasionales leyeron ante el público convocado en la Plaza de Colón de Madrid.

Pues muy grave, gravísimo, es afirmar, tal como en esa plaza de hizo el domingo, que el presidente del Gobierno de España "decidió dar una puñalada por la espalda a la Ley y a la Justicia". Aunque no tan grave, por cierto, como acusar al mismo Pedro Sánchez, mediante un texto escrito y de modo semánticamente indubitado además, de traidor a España ("Queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la traición perpetrada por el Gobierno de España en Cataluña"). Un delito tipificado, el de traición, previsto en nuestro ordenamiento jurídico para supuestos bélicos de colaboración con el enemigo y que está castigado con hasta veinte años de cárcel. Palabras mayores. Y eso lo han firmado de su puño y letra don Pablo Casado Blanco, jefe de la Oposición en las Cortes Generales, y don Alberto Carlos Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la cuarta fuerza de la Cámara. Puñaladas a la Ley y traiciones a España. De eso, nada menos que de eso, estamos hablando. Lo que ya no está tan claro, al menos a estas horas, es si estamos hablando en serio. No, no está nada claro. Estos días acaba de traducirse a nuestro idioma un libro, La muerte de la verdad, obra escrita por la antigua jefa de la sección literaria en The New York Times, donde, a propósito de las incontinentes verbosidades de Trump, se realiza una autopsia clínica a esa gran estafa intelectual que patentaron los posmodernos franceses, con Jacques Derrida a la cabeza, la que se hace llamar deconstrucción.

La teoría de la deconstrucción, es sabido, plantea en síntesis que cualquier enunciado expresado a través del lenguaje humano carece de un sentido lógico y semántico único y unívoco. Cualquier cosa que se diga, en consecuencia, resultará susceptible de poseer una miríada de significados posibles y alternativos entre sí. Dicho de otro modo: nada significa nada en realidad, pues los significados últimos de los contenidos transmitidos por los lenguajes de signos dependen de la subjetividad de los receptores de esos mensajes. Si yo digo "blanco", usted es libre de entender "negro". Yo no sé si el señor Casado y el señor Rivera habrán frecuentado la obra ensayística de Derrida en sus respectivos sillones de lectura, lo que sí sé es que las gravísimas imputaciones políticas y acaso penales que acaban de dejar caer sobre la persona de Pedro Sánchez exigen, como mínimo, la urgente presentación de una moción de censura en el Congreso. Moción que solo el Partido Popular podría presentar, dados los requisitos formales que la Constitución impone a los promotores. Si, dicho lo dicho, Casado optase ahora por mirar para otro lado, estaría demostrando que no se toma en serio ni a sí mismo, ni a su partido ni al resto de los españoles. Y otro tanto cabría sentenciar de Rivera. ¿Hablan en serio? ¿Se toman en serio? ¿Nos toman en serio? Veremos.

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