Al menos, no a corto plazo. Ni el testaferro cesante ni su amo y señor, el Emèrit, tienen ninguna prisa, sino todo lo contrario, para disolver el Parlament. De ese común afán dilatorio lo primero que conviene saber es que el próximo día 17, fecha en que Torra ha sido citado para comparecer en persona ante la Sala del Supremo que lleva su asunto, no va a acontecer nada, nada de nada. Y ello por la muy prosaica razón de que el Supremo no quiere ver al presidente de la Generalitat para comunicarle sentencia alguna, sino para ventilar un simple formalismo procesal. Por tanto, Torra llegará a Madrid como presidente de la Generalitat y, tras deponer, se volverá a Barcelona como presidente de la Generalitat. Cualquier fantasía en sentido contrario implica ignorar la naturaleza del procedimiento que se sigue contra él.
Por lo demás, el Emèrit necesita ahora mismo tiempo, el necesario para terminar de cortar todas las cabezas del PDeCAT, incluida la del propio Artur Mas, que aún se resisten a someterse a su liderazgo carismático e incontestable, ese inopinado bonapartismo payés que ha venido para ocupar el viejo espacio mesiánico del pujolismo. Seccionar testas es trabajo lento y pesado que no se compadece con las prisas. La estrategia, pues, pasará por hacer todo lo contrario de cuanto suponen en Madrid, esto es, por demorar al máximo el final de la legislatura. Propósito que se tratará de conseguir por dos vías. La primera implica apelar a todas las triquiñuelas leguleyas posibles, empezando por la clásica reprobación de algún o algunos magistrados, con la intención de retrasar cuanto sea posible la sentencia. La segunda, en fin, remitirá a una variante del filibusterismo parlamentario, la misma que fue utilizada con éxito cuando la investidura de Torra. Consiste, el lector lo recordará, en alargar hasta el infinito el periodo de consultas a los grupos parlamentarios antes de proponer de modo oficial un candidato a la Presidencia.
Con esos dos trucos, podemos perder muy tranquilamente un año entero antes de que el Emèrit ordene que nadie puede sustituir a Torra porque eso implicaría aceptar la legitimidad de un tribunal extranjero. Tras Torra, en consecuencia, no vendrá nadie. Y tras nadie, entonces sí, elecciones. Lo dicho, un año.