Al parecer los españoles no nos merecemos un Gobierno que mienta, pero sí, en cambio, un ministro del Interior que nos tome por idiotas. No otra conclusión se desprende de las declaraciones que acaba de cometer Pérez Rubalcaba a propósito de las inmarcesibles virtudes celestiales del Estatut. "Lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes", acaba de barruntar ese ilustre coladero de etarras con balcones a la calle. Efectivamente, Rubalcaba lleva ahí más razón que un santo de palo: España no va a contradecir la voluntad del Parlamento doméstico de los catalanes en materia tan sensible. Y no lo va a hacer por la muy clamorosa evidencia de que ya lo ha hecho.
¿O acaso el Estatut redactado, votado y aprobado por el Congreso de los Diputados resulta ser el mismo texto que en su día se le remitió desde Barcelona para su discusión? ¿Tal vez ya no recuerda Rubalcaba que incluso el PSC, en un memorable ejercicio de esquizofrenia política, promovió en las Cortes nada menos que sesenta y dos enmiendas, ¡sesenta y dos!, al enunciado original que ellos mismos habían elaborado en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela? ¿O por ventura nunca acusó recibo de cómo galleaba a cuenta del afeitado final en Madrid el propio presidente de la Comisión Constitucional ? "[El Estatut] lo cepillamos como carpinteros dentro de la Comisión", fanfarroneó por aquel entonces ese triste remedo de Lerroux que responde por Alfonso Guerra. Y por si todo ello aún fuese poco, ¿qué tendría que ver la solemne voluntad del Parlamento catalán con aquel alevoso chalaneo nocturno entre Artur Mas y Zetapé en La Moncloa, el que finalmente desatascó a espaldas de Congreso y Senado ese albañal jurídico?
En fin, se ve que Rubalcaba, a falta de empresa mejor donde ocupar su ocio, ha dado en abrazar la doctrina constitucional alumbrada por el ilustre jurisconsulto José Montilla. La que pretende intocable el Estatut por constituir un "pacto político" entre Cataluña y España. Irrelevante fruslería que, entre otras nimiedades, supone otorgar a esa ley la consideración de tratado internacional concertado entre dos Estados independientes y soberanos, integrantes ambos de una confederación entre iguales denominada (provisionalmente) España... Y Aranalde, de txiquitos.