Pese a la tediosa enfermedad crónica del autodesprecio nacional que arrostran los españoles, todos, igual los que se dicen de izquierdas que sus primos hermanos de la derecha, España es un país normal y corriente de la Europa occidental en el que se manifiestan los problemas institucionales propios de cualquier país normal y corriente de la Europa occidental. Nuestros jueces y magistrados, por ejemplo, no resultan ser ni más ni menos corruptos que los de nuestro entorno. Son iguales, ni mejores ni peores. Y si en algunos Estados del Sur, por más señas Italia, Francia y la propia España, existe una percepción negativa entre la opinión pública a propósito de la demasiado teórica independencia de esos cuerpos de altos funcionarios, procede concluir que el problema no reside en los propios funcionarios, sino en los mecanismos institucionales diseñados para el desarrollo de sus carreras. Un mecanismo que, en el caso español, no hipoteca para nada la autonomía en el ejercicio de su labor cotidiana. Porque nada, absolutamente nada, impide a un juez en nuestro país conservar su independencia profesional a lo largo de toda su vida en activo. Si desea mantenerla, la mantendrá. Eso sí, nunca llegará a ocupar ningún puesto de relevancia en el escalafón judicial.
Los jueces en España son completamente libres para elegir si pretenden mantener su independencia o si, por el contrario, lo que ansían es hacer carrera. Porque las dos cosas a la vez, eso no. De ahí que el problema no evoque la falta de independencia de los togados que ocupan las plazas de la cúspide piramidal del sistema. El problema real consiste en que devenir elegible para esas plazas impone haber hecho méritos políticos antes. Y muchos, además. El CGPJ se vendió en su día como la alternativa democrática al modelo judicial franquista. Pero es que nunca existió tal modelo judicial franquista. Nunca. Durante la dictadura, los jueces muy ambiciosos que querían ascender muy rápido, siempre al precio de mancharse las manos y la toga de mierda, pedían plaza en el Tribunal de Orden Público, una instancia separada de la justicia ordinaria. Pero todos los demás, la inmensa mayoría, siguió rigiéndose, al igual que durante la Segunda República y la Restauración, por un patrón orgánico de corte liberal. Nuestro modelo presente, pues, no es antifranquista sino antiliberal. Acaso por eso gusta tanto a casi todos los partidos.