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José García Domínguez

Pequeños polpotistas morfosintácticos

El fundador de AP podría explicarle en su gallego de piscifactoría al Muy Honorable por qué sabe inconstitucional imponer que todo el mundo farfulle la lengua vernácula, tal como ordena, taxativo, el Estatut.

Conociendo al paisanaje, es de prever que el contenido del discurso de Montilla en el Senado se desvanezca eclipsado por la anécdota prosaica de la forma; esto es, por hecho irrelevante de que vaya a ser pronunciado en catalán. Un juego, ése de la doblez doblada y subtitulada, que igual se prestaría al de los espejos entre el españolismo cañí del tribuno Fraga y el irredentismo gramático del tripartito. Así, el fundador podría explicarle en su gallego de piscifactoría al Muy Honorable por qué sabe inconstitucional imponer que todo el mundo farfulle la lengua vernácula, tal como ordena, taxativo, el Estatut. Y es que, aunque el Bolívar de Cornellà lo ignore, la idea primera no partió de los suyos, sino de la difunta Alianza Popular del mentado don Manuel.

Al cabo, en 1983 la Xunta de Galicia cometió una Ley dizque de Normalización Lingüística que en su artículo primero obligaba al conocimiento universal del gallego. Y sólo merced a que el Gobierno de Felipe González recurrió aquel foco de terrorismo fonético ante el Constitucional, no lograría tomarles la delantera Fernández Albor a Montilla, Carod y sus pequeños polpotistas morfosintácticos. De ahí, por cierto, la muy precisa jurisprudencia vinculante que ahora el mismo Tribunal habrá de aplicar al pastiche zapateril. Por lo demás, aprestémonos a contemplar el espectáculo de la Esquerra jurando en Madrit que ese mismo Estatut que repudiaron se ajusta en letra y música a esa misma Constitución que incineran todos los onces de septiembre y demás fiestas patrióticas de guardar.

Ingeniosa comedia a la que tampoco habrá de ser ajena una muy previsible lección de lógica cartesiana. Pues igual dispóngase el respetable a que se le reitere que cualquier amputación, la más mínima, del sagrado texto rompería el "pacto constitucional" de 1978. Dicho de otro modo: "Desde 1979, y durante los últimos treinta y un años, vivimos bajo una norma autonómica que castraba los derechos inalienables de Cataluña amparados por la Carta Magna, aunque, cosas de la vida, nadie se dio cuenta de la ignominia justo hasta ahora". Por no hablar, en fin, de los autores convictos y confesos de la "enmienda Casas", esa patente de corso que aún hoy le permite seguir obstruyendo la labor de la Justicia, vindicando, airados, la urgentísima renovación del Tribunal. Cosas veredes, que decía el otro.

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