Desde que la ubicua hipertrofia mediática que caracteriza a nuestro tiempo ha transformado los hemiciclos de los parlamentos en un híbrido a medio camino entre platós de la telebasura y pistas de circo, ya nada en el lenguaje no verbal de quienes ocupan sus escaños escapa al cálculo deliberado para posar ante las cámaras de la televisión. De ahí la clara lectura política que cabe inferir de la puesta de escena de Pere Aragonès García, actual vicepresidente de la Generalitat, mientras a su lado el president Torra acompañaba con palmaditas infantiles los cánticos corales en apoyo a esos siete terroristas comarcales que acaban de ser apresados por la Guardia Civil con las manos en los explosivos. Sin dejar de mirar en ningún momento al techo de la Cámara, entre ausente y hierático, Aragonès García no hizo nada, absolutamente nada. Ni palmaditas ni corear de consignas, nada. Gesto, el suyo, que en Madrid ha pasado desapercibido, pero que en Barcelona está dando mucho que hablar. Y es que la tan inminente sentencia por la asonada del 1 de Octubre ha hecho olvidar en la capital otra decisión judicial barcelonesa, inminente también y también llamada a provocar importantes consecuencias políticas.
Porque el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Torra por otra de sus ridículas niñerías, la de desobedecer la orden de la Junta Electoral instándole a retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales cuando las municipales, se va a celebrar el próximo 18 de noviembre. Y la broma, tal como reclama la Fiscalía, le va a costar con casi total seguridad un año y ocho meses de inhabilitación especial. Lo que, también con casi toda seguridad, va a significar que ese triste friki pasará a mejor vida dentro de apenas un mes y medio. El testaferro Torra está, pues, amortizado, y en la Esquerra se preparan para la lucha sucesoria. Que Junqueras y Puigdemont se detestan mutuamente hasta la náusea no es ningún secreto. Como tampoco lo es la divergencia radical que separa la actual línea estratégica de la Esquerra, centrada en gestionar la sentencia sin volar todos los puentes con el Estado a la espera de una salida negociada con el PSOE a medio plazo, del radical maximalismo fundamentalista del círculo íntimo de Puigdemont, que aún ansía el choque insurreccional frontal. A esos efectos, para la dirección de ERC lo crítico en el otoño caliente que nos espera en Cataluña será administrar la agitación callejera e institucional con el suficiente tino y mano izquierda como para no ofrecer ninguna excusa al Estado que legitimase la reactivación del 155.
Junqueras, hombre al que la experiencia pedagógica de la cárcel ha ayudado a reconciliarse con el sentido de la realidad, es hoy muy consciente, a diferencia del ido Puigdemont, de que el independentismo se desmoronaría como un castillo de naipes en el momento en que dejase de tener el control férreo de las instituciones autonómicas catalanas. Razón última, esa, de su prudencia extrema durante estas vísperas. Un difícil ejercicio de funambulismo, el que ahora pretende ERC, que podrían arruinar en cualquier momento sus socios en el Palau de la Generalitat merced a alguno de los habituales bandazos atolondrados a los que tan aficionado resulta el Payés Errante. Por eso el objetivo de ERC a cortísimo plazo es que Aragonès García asuma la Presidencia de la Generalitat en noviembre, tras la inhabilitación judicial de Torra, y, a partir de ahí, Junqueras se haga con el control de la potestad de adelantar la convocatoria de elecciones en cualquier momento, esa que el Estatut confiere en exclusiva al presidente de la Generalitat. Algo, el adelanto electoral en Cataluña acompañado de un cambio de aliados en el Gobierno (los comunes de Colau, muy posiblemente), que podría ocurrir tan pronto como en el primer trimestre de 2020.