"El Congreso tendrá la facultad de poder convocar a la Milicia para ejecutar las leyes de la Unión, aplastar insurrecciones y repeler invasiones". Literal, así reza el artículo 1 de la sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Acusen recibo todas esas plañideras mediterráneas que toman por inaudita extravagancia el enunciado del 155 en nuestra Carta Magna. Y es que, una vez descartada por contraria a Derecho la eventual transferencia a la Generalitat de la prerrogativa para convocar referendos, los escenarios posibles que se abren, básicamente tres, ya no permiten seguir excluyendo el recurso a ese instrumento legal. Una primera posibilidad pasaría por la declaración unilateral de independencia promovida por alguna de las instituciones políticas representativas de Cataluña, ora el Consejo Ejecutivo de la Generalitat, ora el Parlamento autonómico, contando para ello con la pasividad del Ejecutivo español.
Consecuencia de tal proceder sería el procesamiento por alta traición de Mariano Rajoy y de los ministros cómplices de su conducta. En cuanto a Cataluña, su territorio quedaría excluido en el acto tanto de la Unión Europea, a la que solo pertenece en su condición de parte del Reino de España, como de la Unión Monetaria. Los bancos locales dejarían ipso facto de recibir líneas de liquidez del Banco Central Europeo; la disyuntiva para ellos se antojaría simple: o la quiebra o la urgente deslocalización. Por su parte, la población catalana partidaria de seguir en España, la mitad aproximada del censo según todas las estimaciones, comenzaría a votar con los pies como única vía para salvaguardar los atributos políticos de la ciudadanía amenazados por ese ejercicio ilegítimo de violencia institucional.
Un segundo escenario, mucho más verosímil, reproduciría idéntico proceder por el lado catalán, pero contando con la beligerancia de los poderes del Estado. Ahí es cuando entraría en escena el 155. Tras el preceptivo aval del Senado, el Estatuto quedaría en suspenso y la Administración catalana pasaría a depender provisionalmente de la autoridad del Gobierno central. Huelga decir que Artur Mas se vería elevado por los catalanistas a esa condición de legendario héroe mítico que ahora solo disfrutan Macià y Companys. Investidos de nuevo los nacionalistas en su papel favorito, el de pobres víctimas de la España negra, la rentabilidad propagandística a escala internacional resultaría impagable. Aunque el precio también sería alto: perderían el poder. Un coste inasumible en la medida en que supondría una hipoteca para la misma supervivencia del enorme entramado agitativo que se sostiene gracias al dinero público.
Cabe, sin embargo, un tercer escenario, el más óptimo para los sediciosos, que permitiría capitalizar los réditos publicitarios del anterior pero sin necesidad de asumir los quebrantos derivados de la suspensión del autogobierno. Sería aquél en el que la iniciativa formal del golpe de Estado partiese no de las instituciones catalanas sino de la ANC, una organización pantalla en apariencia promovida desde la sociedad civil. Correspondería, en consecuencia, a los grupos de choque de la ANC el cometido de forzar escenas de violencia en la pugna por el control de las infraestructuras estratégicas del Estado sitas en territorio catalán. Un juego en extremo peligroso, más aún teniendo en cuenta que CiU no dispone de la dirección efectiva de esos grupos de acción callejera, donde predominan los activistas más fanatizados de ERC y de la CUP. Será como jugar a la ruleta rusa. Será, digo, porque es lo que al final va a ocurrir. Al tiempo.