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Planes de pensiones obligatorios

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La semana pasada aparecieron dos propuestas, la más destacable la del Banco de España, para establecer la obligatoriedad legal de contratar un plan de pensiones privado con vistas a la jubilación. Cualquiera que tuviese una idea de la nula viabilidad y de la naturaleza fraudulenta del actual sistema de pensiones gestionado por la Seguridad Social (la denominación de sistema de reparto o solidaridad intergeneracional, no es más que un eufemismo para disimular el viejo timo de la pirámide), podía temerse algo parecido. El sistema de reparto constituye una colosal estafa condenada a estallar y a llevarse por delante las expectativas de la población joven y de mediana edad -la base de la pirámide-, que cotiza y seguirá cotizando, pero que, si quiere recibir una pensión digna cuando se jubile, habrá de suscribir además un plan de pensiones privado.

Hay cierta analogía entre el sistema de Ponzi, tipificado como estafa por el Código Penal, y el sistema de reparto de la Seguridad Social. En efecto, los que cotizan ahora no están ahorrando e invirtiendo en ninguna producción; no están adquiriendo capital ni comprando nada de valor. Su dinero va a aquellos que les preceden en la pirámide. Una empresa que distribuye como beneficio las aportaciones de los socios más recientes, es capaz de parecer muy atractiva, hasta que llega el colapso final de la descapitalización completa.

Es probable que aquí no haya estallido social como en Albania tras el fraude de la banca piramidal. La declaración de quiebra nunca se hará oficial y la disminución de las contraprestaciones prometidas se seguirá haciendo de forma gradual (¿se acuerdan cuando la base para calcular la pensión se obtenía a partir de la cotización de los últimos ocho años o cuando el gasto médico se financiaba con las cotizaciones y no con cargo al Presupuesto del Estado y por tanto los impuestos eran más bajos?). Además, socialistas y sindicalistas seguirán haciendo creer a los asalariados que la Seguridad Social corre a cuenta del patrón. En realidad, al patrón le da casi igual ingresar la cotización en la Seguridad Social que entregarle el dinero en mano al trabajador. La financiación gratuita que las cuotas sociales le proporcionan durante un mes es el caramelo envenenado que recibe a cambio de ser el villano que paga sueldos bajos.

Sin embargo, cualquiera que haya hecho una huelga, sabe lo que le descuentan de la nómina por un día no trabajado, incluyendo todas las supuestas “conquistas sociales” (cuota patronal de la Seguridad Social y parte alícuota de las vacaciones “pagadas” y de las pagas “extra”). Lo que el empresario paga y el trabajador produce, no es lo que este último se lleva a casa, sino lo que aparece en contabilidad dentro del epígrafe gastos de personal y que es una cantidad cercana al doble de la primera, al incluir cotizaciones sociales, indemnizaciones por despido, costes de seguridad e higiene, economatos, etc.

Así que, ahora, los salarios disponibles para gasto corriente volverán a verse reducidos (habrá que destinar parte de los mismos al susodicho plan), no como consecuencia de la codicia empresarial, sino para absorber la irresponsabilidad de los que establecieron y defendieron que el Estado tenía que ocuparse del tema de las pensiones. Eso sí, la gente dirá que la culpa de todos los males es del capitalismo que paga sueldos bajos y cobra precios altos (el tema del IVA queda para otro artículo).

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