Las huelgas del transporte en Baleares y la de pilotos de líneas aéreas han vuelto a poner de manifiesto la existencia de una legislación, impuesta en su momento por el socialismo en todos los países, diseñada con el objeto de destruir la cooperación social y que permite forzar transferencias violentas de riqueza hacia grupos sindicales bien organizados en sectores claves de la economía. El “derecho” de huelga, tal y como es reconocido universalmente por las legislaciones laborales, constituye una perfecta ilustración de la naturaleza coactiva que los denominados “derechos sociales” representan en realidad.
Como apuntaba el economista británico William Hutt no existe ninguna diferencia entre el derecho de huelga de los trabajadores sindicados y que yo, en el caso de que desee vender mi casa, me integre en una banda de matones –con el propósito de equilibrar mi menor capacidad de negociación– y me dedique a intimidar y agredir a cualquier otro vendedor que ofrezca una casa parecida por un precio inferior o, una mejor por el mismo precio.
Si además de golpearles, también ejerciese “mis derechos” insultándoles, calificándoles de esquiroles, insolidarios y traidores de clase, el parecido empezaría a ser sorprendente. La similitud sería completa cuando mi banda estuviese autorizada para 1.- evitar por la fuerza que el posible comprador pudiese adquirir otra casa, 2.- causar destrozos en su propiedad en tanto no se avenga a pagar el precio solicitado y 3.- intimidarle físicamente y a veces hasta llegar a sitiar sus dependencias, impidiendo que nadie saliese o entrase en las mismas.
Mi actuación sería supuestamente “legítima”, ya que es demostrable que el comprador va a percibir por alquileres durante toda la vida útil de la casa, una cantidad mayor que la que desembolsa al adquirirla y “ese beneficio sólo puede proceder del escaso precio que pretende pagarme”. Por supuesto yo no haría referencia al hecho de que a mí, se me paga al contado, en tanto que la mayoría de los alquileres se van a percibir en años bastante posteriores.
También ocultaría el hecho de que yo no voy a sufrir ningún quebranto económico, ni a devolver cantidad alguna de la percibida, en el supuesto de que en el futuro la casa no pueda ser arrendada a los precios actuales al haber variado las preferencias de los inquilinos. Como toda excusa es válida por muy peregrina que sea, siempre que aparente ser social, hasta subrayaría el hecho de que el patrimonio del comprador es mayor que el mío. ¡Cómo si por ello, él pudiera pagar menos y no más por el piso! Perdón, por poner el ejemplo. Se me olvidaba que son las grandes multinacionales y no la demagogia barata, quienes en realidad inspiran las normas que se aprueban.
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