La ausencia de José Ignacio Wert en la entrega de los Premios Goya evidenció, una vez más, la inquina que se profesan mutuamente el Gobierno y las gentes del cine. Abjurando de su fama de valentón, el ministro de Cultura pretextó una cita con el ministro británico de Empresa e Innovación, Vince Cable, para no acudir a la ceremonia. Conste que yo, en su lugar, tampoco habría acudido. Eso sí, habría aireado las verdaderas razones del desaire, que en su caso tienen que ver con el menosprecio pinturero, agriamente jactancioso, que le inspira el gremio de la farándula. Huelga decir que no se trata de un desprecio injustificado, y prueba de ello es el sectarismo cuasi maquinal del que año tras año vienen haciendo gala (¡y nunca mejor dicho!) actores y actrices como Alberto San Juan, Willy Toledo, Candela Peña, Javier Bardem, Pilar Bardem, Carlos Bardem...
La llovizna de escarnios se atenuó cuando quien estuvo al frente de Cultura fue Ángeles González-Sinde, esto es, una de los suyos, lo que todavía hace más palmario que el revanchismo antiderechista ha acabado por convertirse en uno de los rasgos inequívocos de quienes ejercen de portavoces del artisteo. Consecuentemente, no hay película u obra teatral que se precie de contestataria o simplemente guay que no incluya un chascarillo antipepero, un chistecito antipepero, una parodia antipepera, como si hubiera una norma de estilo que obligara a ello, un poco a semejanza de ese austrohúngaro que don Luis Berlanga utilizó como marca de agua de sus películas. Con la diferencia, claro está, de que mientras que el ensalmo berlanguiano solía ser enternecedor, el ritornelo anticonservador de los cómicos suele quedarse en patético.
Hay quien data el origen del desencuentro en los Goya de 2003, los del No a la guerra. En realidad, no obstante, estamos ante un debate antiquísimo, tan antiguo como la cultura misma, y que acaso tiene que ver, parafraseando a Josep Pla, con quién la paga. Por decirlo en plata: que el Estado haya de sufragar la filmografía de tanto autor insurgente es una incongruencia moral. Y no porque el Estado no disponga de la bilis suficiente para digerir cualquier gritito, sino por el contradiós que supone que sea el poder quien deba correr con la cuenta de quienes pretenden socavarlo.
Dicho lo cual, y bajando a la arena, la actitud del Partido Popular respecto a los cineastas (y me atrevería a decir que respecto a la cultura en general) ha sido un despropósito que, de tan virtuoso, bien cabría tildar de deliberado, de orgullosamente feísta. Cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseveró que el problema del cine español no tenía tanto que ver con el IVA cuanto con la calidad de las películas no hizo sino subrayar una idea que, al cabo, ha ido haciendo mella entre el público de signo conservador, cual es que el verdadero problema del cine español es que es una mierda pinchada en un goya; una mierda que, además, pagamos entre todos los españoles. Basta con linkar ese infundio con el hecho de que la mayor parte de los cineastas son de izquierdas para abonar la idea de que la crisis del cine español se debe a una razón puramente ideológica. Después de todo, qué otra cosa cabe esperar de un machito de rojos dedicados en cuerpo y alma a despilfarrar el dinero del contribuyente.
Ese discurso, tan perverso como antipatriota, se viene traduciendo desde hace un tiempo en la descalificación ad hominem, por parte de gentes informadas, del cine español. Con un agravante: la mayoría de las veces quienes así se pronuncian no han visto una sola película desde Mujeres al borde de un ataque de nervios. Da igual; al enemigo, ni agua. Y el enemigo, cada vez más a gusto en su papel, no deja pasar ocasión de convertir la fiesta del cine español en una subasta de ordinarieces, en una galería de bardemadas cuya consecuencia peor es que el Gobierno, henchido de bienaventuranza, incurra en el españolísimo "Lo que yo decía", que tanto guarda en común con el infame "Yo lo decía yo".