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En manos de burócratas

El papel de las agencias de rating es demasiado importante como para dejar al arbitrio de los burócratas no sólo su regulación, sino también la decisión de qué agencias están capacitadas para otorgar una opinión acerca de calidad crediticia de un activo.

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Los sesudos dirigentes políticos europeos, reunidos en Berlín hace dos semanas, se han cobrado otras dos víctimas dentro de su plan de apaleamiento al sector privado. En esta ocasión, le ha tocado el turno a los hedge funds y a las agencias de rating. Según nuestros políticos, la receta para evitar errores del pasado pasa por una mayor regulación sobre ambos grupos de entidades. Como ya ocurrió en la cumbre del G22 celebrada a finales de 2008 en Washington, los políticos no han realizado, sin embargo, ni la más mínima crítica sobre la actuación de los bancos centrales durante estos últimos años. Y es que, desgraciadamente, esto sigue siendo un tabú.

Obviamente, ciertas actuaciones (u omisiones) de las agencias de rating –de los hedge funds y sus ventas a corto nos ocuparemos otro día– han influido en el desarrollo de la crisis actual. Sin embargo, sus errores no han sido mayores que los cometidos por las entidades reguladoras, los bancos de inversión o los propios inversores. Tres agencias (Fitch, Moody's, y Standard & Poor's) dominan completamente el mercado de rating y como toda empresa privada, persiguen el beneficio y la rentabilidad para sus respectivos accionistas. Después del gran incremento de los impagos en el mercado subprime americano, las agencias de rating han estado cuestionadas por varios motivos: incapacidad para anticipar el deterioro de la calidad de muchos activos, falta de transparencia en sus procesos, posibles conflictos de interés...

Sin perjuicio de lo expuesto, lo realmente preocupante sobre las agencias de calificación no recae sobre ellas mismas, sino sobre el marco regulatorio imperante en estos últimos años en el mercado financiero. La normativa existente en los Acuerdos de Basilea II sobre requerimientos de capital está fundamentada, en gran medida, en los ratings otorgados por aquellas agencias que –bajo el criterio de los propios bancos centrales– poseen una amplia aceptación por parte del mercado. Esto supone, sin duda, una fuerte barrera a la entrada de nuevas agencias, provocando el mantenimiento de un proceso que se autoalimenta: los inversores sólo compran activos calificados por aquellas agencias de rating aceptadas por la regulación y los bancos centrales; esto incrementa, a su vez, el predominio de las tres grandes agencias, dificultando aún más la aparición de otras agencias más pequeñas que pudieran ser usadas por el mercado y por tanto susceptibles de ser reconocidas por la regulación.

Observamos un nuevo ejemplo de cómo el sector público –en este caso a través de la regulación– obstaculiza el desarrollo de un mercado realmente libre, donde por su propio dinamismo se definirían elementos tales como el número de agencias de rating, la necesidad –o no– de usar los ratings para el cálculo del capital bancario, o el esquema de remuneración de las agencias. Sin embargo, los políticos siguen con su ceguera. No sólo no reconocen los fallos del Estado, sino que reclaman más capacidad de intervención sobre el mercado. El papel de las agencias de calificación es suficientemente importante en el mercado de capitales como para dejar al arbitrio de los burócratas no sólo su regulación, sino también la decisión de qué agencias están capacitadas para otorgar una opinión acerca de calidad crediticia de un activo.

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