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¿Libre elección?

En lo que conviene insistir es en la obligación del Estado, que es ofrecer un programa en castellano en todo el territorio, y otro en la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas que la tengan.

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La coacción lingüística impuesta en varias comunidades autónomas ha llevado a la imposibilidad de seguir la enseñanza primaria y secundaria en castellano. Ante eso, los movimientos a favor de la libertad lingüística han recurrido al argumento de que el Estado tiene la obligación de impartir clases en la lengua de elección de los padres.

Se comprende muy bien la intención del argumento y su apelación a la libertad, sin contar con que no es cuestión de discutir el fondo del asunto, sobre todo cuando la defensa del bilingüismo y la libertad de elección de lengua en la escuela son un gestos esforzados, heroicos, en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia.

Conviene recordar, aun así, que el argumento es algo frágil. Si los padres tuvieran libertad para elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos –doy por supuesto que es la lengua materna, como decían los catalanistas en los años setenta–, el Estado español tendría la obligación de asegurar ese derecho, lo que daría pie a una monumental confusión en la enseñanza, combinada sin remedio con reivindicaciones identitarias y multiculturales. Lógicamente, es algo que no existe en ningún país del mundo. Allí donde se aplicó, por ejemplo en algunos Estados norteamericanos, los propios ciudadanos la echaron para atrás en vista de los desastrosos resultados que en cuanto a integración y aprovechamiento escolar estaba dando.

En el caso español, en lo que conviene insistir es en la obligación del Estado, que es ofrecer un programa en castellano en todo el territorio, y otro en la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas que la tengan. Las encuestas y los cuestionarios como los que ha lanzado el gobierno de Núñez Feijóo pueden estar bien como un gesto conciliador, pero siempre que se tenga claro cuál es la obligación del Estado español, representado por el gobierno autonómico, en cada comunidad, llámese así o nacionalidad. En cambio, la apelación a la supuesta libertad de los gallegos, no puede servir de pretexto para no cumplir las responsabilidades que a cada uno le corresponden.

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