Según el Gobierno, la legalización del aborto responde a un derecho y soluciona el problema planteado por la ley anterior. Esa ley, actualmente en vigor, ha generado lo que todo el mundo sospecha que es un fraude, como es que haya 110.000 abortos al año acogidos a uno de los tres supuestos que despenalizan lo que de otro modo es un delito. Para solventar el fraude, ahora se va a legalizar el delito. Fin del problema y fin de la hipocresía colectiva que toleraba por un lado lo que prohibía por otro.
Las cosas no son tan sencillas. Un gobierno que quisiese ajustar la norma a la realidad tendría otros muchos campos en los que actuar sin cambiar obligadamente la ley: promover la natalidad, ayudar a las familias, facilitar los trámites de adopción y evitar en lo posible el tráfico de niños actualmente en vigor en España. Aquí también hay realidades que la ley o las políticas gubernamentales ignoran, como son el desplome demográfico, las difíciles condiciones de las familias numerosas o la voluntad de adoptar por parte de muchas personas que sin eso no podrían tener descendencia. Es un enorme campo de acción que sigue quedando en barbecho.
Claro que la supuesta solución de la hipocresía colectiva lleva aparejada otras consignas, como la del posible encarcelamiento de las mujeres que abortan –algo que no ha ocurrido nunca– o la de que los ricos (sic) quieren el monopolio de una práctica que les facilita la vida. Ni siquiera valdría la pena hablar de estas consignas si no fuera porque ayudan a comprender que la nueva ley tiene un objetivo político, al intentar movilizar a los supuestos progresistas frente a los no menos supuestos retrógrados, además de otro moral o antropológico, en favor de un modelo de sociedad en el que la vida no tiene carácter sagrado.
La manifestación del sábado en Madrid tiene más de un significado. Hay, por una parte, una petición de políticas concretas a favor de la natalidad y la familia. Y hay también una declaración de principios en favor de la vida. En los dos casos se va más allá de las simplificaciones ideológicas y se deja de lado cualquier juicio moral sobre las mujeres que toman una decisión tan difícil y peligrosa.
Se comprobará, como en la manifestación anterior, que los asistentes conciben una sociedad distinta... porque ya la han puesto en práctica en su casa. Con su ejemplo, demostrarán que esa sociedad –real, tangible, presente en las calles de Madrid– es compatible con la libertad y la plena realización personal. En resumidas cuentas, hay otras opciones antes del suicidio moral, vital e incluso social.
La nueva ley saldrá aprobada, sin duda alguna, pero el debate que ha tenido lugar en la sociedad española, los argumentos que se han elaborado y manifestaciones como la del sábado habrán ido consolidando una alternativa para más adelante.