La reforma de la Seguridad Social emprendida por la administración Bush no es ni fácil ni sencilla. Ya ha pasado por varios nombres, desde el de “ajuste”, “reforma” y ahora “modernización”. Rompe una tradición bien establecida desde los tiempos de Roosevelt y empieza a deshacer el legado del que una parte de la opinión pública se siente orgullosa. Por otra parte, los programas del Estado de bienestar han sido siempre extremadamente difíciles de desmontar en todos los países, aunque sólo sea por la inercia de los intereses de las burocracias encargados de gestionarlos.
Hay sin embargo varios elementos que permiten comprender por qué la administración Bush ha decidido proponer la reforma con tanta fuerza como lo está haciendo.
En primer lugar, la tradición norteamericana de autonomía individual sigue viva. Según una encuesta reciente del Washington Post, la Kaiser Family Foundation y la Universidad de Harvard, un 47% de los norteamericanos piensa que el Estado es el responsable de garantizar las jubilaciones. Ahora bien, un 35% piensa que los responsables son los propios individuos y otro 5% las familias de las personas mayores. Son cifras que indican una disposición relativamente favorable a la reforma, en cualquier caso más que en los países europeos.
Bush se está dirigiendo, por otra parte, a los jóvenes. Plantea el caso de la reforma de la Seguridad Social como un asunto a largo plazo, que no afectará a las personas que están ya jubiladas o próximas a la jubilación, sino a los que han entrado en el mercado de trabajo hace relativamente poco tiempo o incluso van a entrar en los próximos años. Esa ha sido una parte muy importante del electorado republicano en las pasadas elecciones presidenciales. Para ellos, el New Deal y la herencia de Roosevelt, que aseguró durante décadas la hegemonía del Partido Demócrata, es historia. Forma parte de un momento sin duda respetable, pero no actual y mucho menos futuro. Muchos inmigrantes de primera o segunda generación, además, no sienten apego alguno al concepto mismo de Seguridad Social. Han venido aquí a forjarse un futuro y no tienen confianza en las promesas estatales de las que suelen venir huyendo.
La propuesta en sí misma ha calado en la opinión pública porque no se presenta como una intrusión del Gobierno en la vida de la gente, sino al revés, como una apertura. Según la administración Bush, la reforma abre más posibilidades de elección a la gente, a la que se le ofrece la posibilidad de seguir como ahora o incorporarse a un nuevo régimen con cuentas de ahorro privadas. Si además de ofrecer libertad de elección, se le dice a la gente que esos ahorros son propiedad suya y podrán ser heredados por sus hijos o sus descendientes, el interés que despierta una reforma de este tipo es aún mayor. A la libertad de elegir, se suma el aliciente de la propiedad.
Bush ha emprendido una campaña de difusión de su reforma que es un auténtico ejemplo para los líderes europeos, acostumbrados a dictar las reformas desde sus despachos y dejar el marketing del producto a los gabinetes de prensa. Ha emprendido personalmente una gira de presentación durante la cual se enfrenta directamente al público y que atrae la atención de los medios locales y nacionales. También cuenta con la gigantesca organización política puesta en marcha durante la campaña de reelección. Esta no se ha disuelto después de las elecciones. Las listas de mailing directo, los voluntarios, las llamadas telefónicas y la difusión puerta a puerta que tan bien funcionaron entonces están ahora de nuevo al servicio de la reforma emprendida desde la Casa Blanca. De paso, el impulso mantiene viva la organización y profundiza un debate político que es también un debate de ideas y un debate moral, como les gusta a los norteamericanos.
Finalmente, la oposición política está desconcertada. Las reformas del Estado de bienestar son terreno minado en una democracia. También lo son en Estados Unidos, y no todos los representantes ni los senadores republicanos apoyan al Presidente. Ahora bien, hay dos datos interesantes. El Partido Demócrata se ha refugiado en el no. Habiendo planteado ellos mismos la necesidad de emprender reformas en la Seguridad Social, ahora que se les presenta la ocasión no han presentado todavía ni una sola idea alternativa. La derrota de noviembre, o una crisis ideológica de más calado, los tiene paralizados, a la defensiva. Ante el dinamismo de la administración Bush, no es una buena actitud. Quizás por eso mismo, algunos representantes demócratas, en particular los de los Estados en los que los republicanos han conseguido a avanzar, empiezan a dar signos de que no están del todo en contra de la reforma. Ya que no pueden llegar a una posición común para hacer frente a Bush, parecen estar dispuestos a emprender una discusión en positivo.
Bush no sólo está cambiando los programas o las propuestas. Está consiguiendo cambiar el marco de discusión. La reforma no es, en sentido estricto, liberal, porque no reduce la importancia del Gobierno. Quizás su objetivo sea más ambicioso que eso: no tanto podar la oferta gubernamental, sino reducir la demanda de servicios estatales a largo plazo. Una forma de actuar interesante, también para los europeos.
