Pensará el lector que la afirmación que se hace en el título no puede ser más natural, y no le falta razón en ello, siendo por tanto una necedad sin sentido traerla a colación como frontispicio de las líneas que siguen al enunciado. Temo por ello decepcionar a los fieles lectores al manifestar, de la forma más solemne, que lo que para la generalidad es muy claro, y sobre todo para los que al menos ocasionalmente manejan el Diccionario de la Lengua Española que publica nuestra Real Academia, no lo es para otra parte de la humanidad, que también habita el suelo patrio y que parece que forman parte de la polis con el único propósito de provocar la confusión y, sobre todo, con la intención de sacar provecho de ella.
Se suceden los discursos, las comparecencias, y las declaraciones de quienes nos gobiernan, tanto ministros como secretarios de Estado, directores generales y cualesquiera otros, cuya arrogancia les lleva a suponer que tienen facultad de decisión en el orden político o técnico, sin excluir de la relación naturalmente al presidente del Gobierno, último responsable, en definitiva, de todo el descalabro. En esas declaraciones o comparecencias se hace referencia continua a la implantación de las medidas para afrontar la crisis, cuando, en realidad, estoy todavía esperando una primera medida que merezca recibir tal calificativo.
Ha habido medidas, sí, pero no para afrontar la crisis, sino para vivir instalados en ella. Hace sólo unos días, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos se permitía afirmar que el Gobierno ha utilizado "todos los instrumentos a su alcance para afrontar la crisis". Aún con el riesgo de la provocación que ello pueda suponer, me permitiría enmendar ligeramente la declaración del señor secretario de Estado –la cual entiendo por disciplina y por sumisión– en sentido de que, efectivamente, se utilizaron todos los instrumentos a su alcance para ganar unas elecciones generales. Pero eso no son medidas para afrontar la crisis, sobre todo porque, a decir de los propios protagonistas, la crisis en aquel momento ni siquiera existía y no se puede afrontar lo que no existe.
Medidas las hubo de las más variadas especies: desde la creación de ministerios cuya simple denominación resulta ofensiva, hasta otros cuyo corto historial es el ejemplo más elocuente de la ineficiencia. Aparecieron medidas de estímulo a la emancipación que han sumido a los presuntos beneficiarios en la depresión de un círculo vicioso, desde el que la única salida es la mayor dependencia y no la pretendida y equívoca emancipación. Cheques bebés, que por contradictorios, son difícilmente conciliables con el estímulo ideológico que supone el fácil itinerario hacia la dramática decisión abortista, presentada como la decisión liberalizadora de la mujer en el ejercicio de un pretendido derecho. Ha habido aplazamientos –al menos en el Boletín Oficial, pues la realidad es bien diferente– en el cumplimiento de las obligaciones hipotecarias, comprometiendo para ellos las garantías, no efectivas todavía, del Instituto de Crédito Oficial.
En fin, una serie de medidas que el secretario de Estado califica como de "política económica discrecional" y que yo, también en desacuerdo con él, defino como política económica arbitraria –en España, lo discrecional se torna fácilmente en arbitrario–, además de errática, con un claro carácter electoralista que, eso sí, tuvieron en conjunto los efectos pretendidos: se ganaron las elecciones por el PSOE que eran sus artífices.
Lo que sí que han conseguido todas estas medidas es un resultado cuya transparencia contrasta con la opacidad de las medidas que lo provocaron. Hemos terminado el año 2008 con un déficit en las cuentas públicas que supera el 3m8% del Producto Interior Bruto, por lo que, miren por donde, la Comisión Europea abre por primera vez un expediente a España por haber entrado en el que se califica como "déficit excesivo". Que no es sólo déficit, sino un nivel de déficit y un sentido de permanencia del mismo, que hace vislumbrarle como un verdadero problema económico-financiero y de estabilidad, no sólo para España sino para la Unión Europea en su conjunto. Se puede seguir diciendo que también en Europa son alarmistas, quizá sí; pero el problema es que allí ni ven ni oyen los medios de comunicación que difunden como propias las visiones unilaterales del Gobierno.
Mientras tanto, lejos una vez más de la disciplina presupuestaria, parece ser que el Gobierno de la Nación, está dispuesto –y denlo por hecho– a entregar a Cataluña ochocientos millones de euros más allá de los que se habían previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Hay que hacerse cargo de sus necesidades pues, si el señor Carod se gasta 254.000 euros en la celebración del Año Internacional de las Lenguas 2008 en las Naciones Unidas, de algún sitio tendrá que salir; cómo no vamos a prestar ayuda a los necesitados.
Bromas aparte, la pregunta que está sin contestar, a la luz de la dádiva de los ochocientos millones fuera de presupuesto –como ocurriera con los 826 millones que se entregaron, también fuera de presupuesto a comienzos del año 2008– es, si esta generosidad del Gobierno significa un mayor déficit público –cuando ya tenemos un expediente que nos habla de ello– o si, por el contrario, va a suponer una reducción de una cantidad igual, de las que en el Presupuesto estaban asignadas a otras Comunidades Autónomas.
Y, en este caso, ¿a qué Comunidades se les va a reducir? Casi es mejor que no nos lo digan, porque lo estamos imaginando.