Aprovechar la ocasión para la consecución de un fin lícito es siempre recomendable. Si además se evita una confusión conceptual, la recomendación es indiscutible.
Me situación actual es la de confinado. Acepto a regañadientes la denominación, por imperar socialmente, pues para la RAE una persona confinada es aquella "condenada a vivir en una residencia obligatoria"; la que sea, ni la propia ni la habitual. Confinados fueron los que Stalin y sus sucesores decidieron mover a Siberia Central, o al Gulag, o los condenados por Mao y los suyos a internarse en campos de reeducación, o casos semejantes…
Tratando de no anticipar acontecimientos, prefiero aligerar el significado de mi condición considerándome bajo arresto domiciliario; al menos, el domicilio es el que elegí años atrás.
Dejando a un lado la tristeza de estas líneas, me limito a recordar la razón del porqué ese arresto/confinamiento. El Covid-19 ha venido a recordarnos pandemias que le precedieron –peste negra (s. XIV), viruela (s. XVIII), cólera (s. XIX), gripe española (1918), gripe A (s. XXI), etc.–, poniendo de manifiesto que la sociedad, en ocasiones, ha carecido del bien público quizá preferente: la salud.
No confundamos salud con sanidad y, menos aún, con asistencia sanitaria; bienes privados, éstos, aunque se presten al público. La confusión, muy generalizada en salud, en educación, en defensa… lleva a posiciones irreconciliables con la doctrina hacendística, fundamentalmente a la izquierda radical.
El bien público lo es de consumo colectivo, incompatible con el principio de exclusión, esencial en los bienes privados; por ello, las manzanas que consuma yo no podrá consumirlas, al mismo tiempo, otra persona. Contrariamente, ustedes y yo consumimos toda la salud que se ofrece a la sociedad, a la vez que cada uno de sus miembros y la comunidad en su conjunto consumen también, íntegramente, todo el bien ‘salud’ (estar preservado de epidemias, infecciones...).
Esto sólo ocurre con los bienes públicos, porque en la asistencia sanitaria el tiempo que uso yo de un médico no lo podrá usar otro paciente; ni la cama hospitalaria que se me asigne podrá usarla simultáneamente otro paciente.
Ésta es la razón de que garantizar la oferta de bienes públicos sea competencia del sector público; y cuando falla, es éste el único responsable del fallo, aparte los discursos vacíos que rayan en el ridículo.
Otra cosa es que el sector público pueda usar –no confiscar– los medios de que dispone el sector sanitario privado, como en educación se utilizan simultáneamente las enseñanzas públicas y las privadas.
Concreten, pues, el lugar correcto para la responsabilidad. Y no confundan entre magníficos profesionales de la medicina, que los hay, con el mejor sistema sanitario del mundo. En el sistema, además de médicos, enfermeros, auxiliares… hay intereses personales, políticos, económicos… frecuentemente inconfesables.
Hoy, muchos españoles solidarios están aportando desinteresadamente su esfuerzo personal y sus recursos económicos; pregúntense qué está haciendo el Gobierno de la Nación; si encuentran respuesta, agradeceré conocerla.