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Demasiado ruido para...

Dejen ustedes que el sector privado decida en aquellas materias que no sean servicios fundamentales que deban asegurarse a todos los ciudadanos ya que, más que probablemente, lo hará mucho mejor que el sector público.

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Para el fruto que nos ha proporcionado el parto, tampoco se precisaban ni tantas reuniones, ni tantas proclamas, ni tanto secretismo para dejar vislumbrar unas esperanzas, que se ha desvanecido apenas han dado a conocer las Propuestas de Reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. Fue el 30 de diciembre del año que acaba de terminar, cuando el Gobierno de España abría la caja negra que contenía los resultados de la negociación y alumbraba la llamada "Propuesta de Reforma" del sistema de financiación autonómica.

¿Tanto ruido para tan pocas nueces? En aras de la eficiencia en el empleo del tiempo, estamos convencidos de que para semejante documento habría sido suficiente con que el presidente del Gobierno o el vicepresidente económico se sentaran un par de tardes en su lugar de trabajo; y a buen seguro que lo salido de allí en nada habría desmerecido frente al documento publicitado en el que habíamos puesto nuestras esperanzas. Es más, quizá por lo esperado, el contenido del documento nos produce un cierto desasosiego, fundamentalmente porque lo más interesante de él está por decir, por estudiar o por negociar pues, según se desprende, ahora se iniciará una fase de negociaciones para precisar lo ambiguo del documento, que es la mayor parte.

Lo poco que se puede leer con un mayor grado de concreción genera, al menos a quien estas líneas escribe, alta preocupación. Más aún por no saber si el motivo que la origina es deliberado o simple resultado de la torpeza o de la incompetencia. Así ocurre, por ejemplo, cuando nos situamos ante el que figura de manera destacada en primer lugar de entre los ejes de la reforma. Estamos hablando de la "garantía de igual financiación para los servicios públicos fundamentales". ¿Realmente lo que se pretende es la igual financiación? Siguiendo esta regla, la desigualdad en el disfrute de tales servicios públicos está servida. Lo que hay que garantizar es la igualdad en la prestación, o lo que es lo mismo –aunque quizá más preciso– la igualdad en el acceso de los ciudadanos a tales servicios, tanto en cantidad como en calidad. Porque la financiación está ligada al coste de la prestación, que es diferente según cual sea el colectivo, como se dice ahora, de los beneficiarios; incluso depende da la gestión más o menos eficiente, cuando lo demás permanezca constante. Insiste el documento en garantizar "igual financiación por habitante ajustado". No puede ser más erróneo el planteamiento. La igualdad de todos los españoles que garantiza la Constitución, no lo es de la financiación por habitante ajustado, sino del acceso a los servicios fundamentales.

También en ese primer eje de la reforma, y en contraposición con los servicios públicos fundamentales, se habla de la garantía de la "suficiencia para el resto de competencias". Este eje, entraña un peligro en sí mismo. Cuáles son esas competencias y hasta donde alcanzan las mismas, porque si no son servicios públicos fundamentales, con toda probabilidad sería mejor que el sector público no asumiera la competencia y que fuera el sector privado, a través de sus preferencias, quien decidiera en cada caso quién, cómo y qué debía atender y debía beneficiarse de tales bienes y en qué condiciones.

Ya que parece que el Gobierno de la Nación está tratando de resucitar a Keynes para incorporarle a la política económica, convendría recordar aquella frase del economista de Cambridge que reza en los siguientes términos: "El Estado no debe de hacer las cosas que los individuos ya hacen, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que, por el momento, no se hacen" [The End of Laissez-Faire, pág. 67]. Siguiendo pues a Keynes, aunque esto no debe de crear falsas ilusiones, dejen ustedes que el sector privado decida en aquellas materias que no sean servicios fundamentales que deban asegurarse a todos los ciudadanos ya que, más que probablemente, lo hará mucho mejor que el sector público. ¿O es que en ese resto de competencias se van a encuadrar las del hecho diferencial? Porque, si así fuera, nadie más que los diferentes deben de preocuparse por la suficiencia. No en balde, en ese totum revolutum de competencias, se incluyen las llamadas competencias no homogéneas. Mal empezamos.

Entrando en lo escaso de la concreción, se considera un incremento en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas la mayor cesión de impuestos del Estado, que pasará de representar el 70% de sus recursos a alcanzar el 90%. Algunas dudas surgen ante tanta generosidad: en primer lugar, la pregunta es si a eso se le puede llamar "autonomía financiera" cuando el término autonomía implica la posibilidad de vivir por sí mismo, no la posibilidad de hacerlo por la transferencia de ingresos que proporciona el tutor. Pero, en fin, quizá se trate de una cuestión puramente semántica.

Lo que sí es cierto es que, según se explicita, se aumenta del setenta al noventa por ciento de los recursos totales de las Comunidades Autónomas, la aportación de los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. Ahora bien, ¿sobre qué bases? El año 2007, que es el que se está tomando como año de referencia, no parece ser el mejor ejemplo para lo que se espera en el año 2009 y siguientes. Además, si esa mayor aportación del Estado a través de la cesión de impuestos es efectiva, es tanto como decir que mientras no se modifiquen otras cosas se producirá una reducción de disponibilidades del Estado. Esta reducción. ¿se ve compensada por menores competencias estatales de las pocas que ya tenía? ¿Quiere el Gobierno reducir la estéril estructura de la Administración Central? Para ello cuenta con nuestro apoyo más decidido.

Otro término que causa sorpresa es el denominado "fondo de competitividad". ¿A qué viene el término competitividad? Además, ¿por qué reducir las diferencias de financiación per cápita de las Comunidades Autónomas? Lo que hay que pedir es que, si existen, estén justificadas en términos de justicia y de equidad.

En fin, que entre lo que se dice y, sobre todo, en lo que no se dice en el documento, la Propuesta de Reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, se ha apoderado de las pocas esperanzas que aún teníamos para el 2009. Me gustaría que ustedes lo vieran mejor.

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