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José T. Raga

No hay mal que por bien no venga

¿Saben los ciudadanos a qué se destina el dinero que depositan en manos del Estado? Si son empresas fiables y competitivas, ¿no sería más lógico que acudieran a los mercados financieros?

José T. Raga
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Dicen que "no hay mal que por bien no venga", aunque lo cierto es que ese bien pueda no serlo para todos, o al menos para la mayoría. Y aunque parezca lo contrario, el modo en que comienzo estas líneas está muy lejos de encubrir un acertijo, pues no está la atmósfera política, social y económica para adivinanzas o para otra clase de zarandajas.

Hasta el momento presente he conseguido resistirme a entrar en consideraciones, tanto de censura como de complacencia, acerca de la transacción propuesta, a estas horas quizá ya fallida, de la compra por Lukoil de un paquete accionarial de la entidad Repsol, propiedad de Sacyr al que podría adicionarse otro menor de La Caixa.

La operación de compraventa ha estado sometida a críticas y ataques importantes, tanto desde posiciones estrictas de mercado como –lo que es más grave– desde ideologías políticas (al fin y a la postre son éstas, por ridículo que parezca, las que calan más hondo en la voluntad de quienes tienen capacidad para tomar o condicionar las decisiones). Tan es así que si tuviera que sintetizar el resultado de los avatares de la crítica, lo haría perfilando la compraventa como un "mal" para la economía nacional, al que todos, incluso ese Gobierno del Partido Socialista que con estúpido fariseísmo trata de convencernos de que nunca interviene en las relaciones empresariales, tenemos el deber de oponernos.

En esta materia, el espectáculo ha sido indescriptible. El señor presidente ha lanzado unos mensajes en los que contradecía al ministro de Industria y la señora vicepresidenta ha apoyado con su habitual locuacidad las manifestaciones del presidente, como quien ejerce una tutela en confirmación de actos y manifestaciones realizados por un menor o un incapacitado. Frente a ello, el vicepresidente segundo, que a su vez es ministro de Economía y Hacienda, nada ha dicho sobre el asunto porque está absorto en la previsión de la tasa de inflación para el año 2009. La Comisión Nacional de la Energía, que parece estar en situación de encefalograma plano, guarda un silencio más sepulcral, pese a haber dicho tanto en otras ocasiones semejantes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspende, con toda premura, la cotización bursátil de uno de los accionistas que podría estar implicado en la transmisión, al tiempo que se olvida o retrasa deliberadamente la suspensión de otro, que además es el que mayor número de acciones tiene de la petrolera española.

El espectáculo no ha podido ser más bochornoso. Cualquier persona del mundo viviente, agente o espectador, con un mínimo nivel de conciencia, responsabilidad y vergüenza habrá preferido una vida en la que nunca hubiera tenido que presenciar semejante función circense.

¿Cómo puede de esta maldad derivarse algún bien, y, sobre todo, un bien para quién? En el fragor de los dimes y diretes, de las manifestaciones y contra-manifestaciones públicas, de los engreídos y dogmáticos pronunciamientos de no pocas autoridades del aparato público, alejados todos ellos de la realidad visible, ha salido a la luz una información de la que desde luego se había privado a la sociedad española, o como ellos prefieren decir, a la ciudadanía.

Desde distintos foros se ha criticado, y en no pocas ocasiones, esa complacencia que el Gobierno no se recata en manifestar hacia ciertos empresarios –los amigos– en justa retribución al papel nada empresarial y de gran sumisión que éstos ofrecen a los deseos de los socialistas; unas veces para tratar de arrebatar la presidencia de una gran entidad –ocupada al parecer por un no amigo–, otras para impedir la entrada de una sociedad en un sector económico con el objetivo de proteger a otra u otras empresas.

Lo que se nos dice ahora, con el escándalo natural, es que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financió ya en su día parte de la inversión que Sacyr tuvo que hacer para la adquisición del paquete accionarial de Repsol. Pero no se asusten todavía que eso parece poco. También se nos ha informado de que esos recursos monetarios del ICO, han servido para financiar en otras ocasiones a empresas como Gas Natural, Ferrovial, ACS, Enagás, etc.

¿Saben los ciudadanos a qué se destina el dinero que depositan en manos del Estado? Si son empresas fiables y competitivas, ¿no sería más lógico que acudieran a los mercados financieros? La arbitrariedad del crédito fácil para unos y del crédito restringido para otros se sitúa en la injusticia por el trato desigual, además de corromper el fin que pretendía quien puso ese dinero en las arcas del Estado.

Y, a fin de cuentas, por qué no llamamos a las cosas por su nombre. Pienso que sería más esclarecedor que el apelativo de la magnánima institución fuera, a partir de este momento, el de Instituto Oficial de Crédito, pues, de su actuación se deduce que lo oficial no es el crédito –dirigido a financiar no sólo a empresas privadas, sino a accionistas privados– sino el Instituto. Llamarle, Instituto de Crédito Oficial es promover una imagen pública fraudulenta, si es que nos atenemos a su actuación.

¿Ven ustedes como era cierto el refranero al sentenciar que no hay mal que por bien no venga? Aunque también habría valido el de que amor con amor se paga, o, con algo más de dureza, dime con quién andas y te diré quién eres. En fin, que todo está ya escrito.

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