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José T. Raga

Sin pudor alguno

Definido el patrimonio neto de las entidades mercantiles como venía siéndolo, el Gobierno ataca y desvirtúa la propia definición diciendo que no es patrimonio neto lo que inmediatamente antes se ha dicho que es.

José T. Raga
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La historia de los hechos y de las gentes nos muestra con evidencia nítida que cuanto mayor es la ignorancia menor es la vergüenza ante el ridículo y menor también el sentido de moderación a la hora de esconder las notables carencias. Se trata del principio que consagró el saber popular de que "la ignorancia es muy atrevida".

Pues sí. El pasado viernes día 12 de diciembre, reunidos en el Palacio de la Moncloa los miembros del actual Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, a decir de la opinión más generalizada, el más incompetente de los que ha tenido la historia de España presente en el recuerdo –y ya es difícil ser el más, cuando tan común ha sido la incompetencia en estos menesteres–, se afanan, una vez más, en manipular un dato que consideran puede serles desfavorable, cual es el de la disolución por pérdidas de entidades mercantiles, aunque para ello haya que entrar en la modificación de cuerpos legales que por su historia y por su proceso de elaboración, merecen el máximo respeto.

Todos hemos visto con reverencia a aquellas comisiones de codificación, integradas por juristas grandes en saber y en experiencia, que no sólo configuran y definen figuras y tipos jurídicos, sino que cuidan con esmero la coherencia del artesonado del derecho y de la ley, para evitar confusiones, vacíos y solapamientos. Pues ríanse ustedes de tales comisiones, cuyos trabajos encontrarán su destino en el Parlamento para su aprobación, porque nuestro Ejecutivo, asegurándose que la sepultura de Montesquieu sigue como quedó el día del sepelio, modifica en un plis-plas la obra que a sesudos juristas les llevó no poco tiempo poder construir.

Algunos pensarán que una reunión de señores ministros y señoras ministras, bajo la batuta del presidente del Gobierno, aunque sólo fuera por pudor, no debería atreverse a modificar la Ley de Sociedades Anónimas, también la de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y hasta mancillar con desahogo la imagen de pureza jurídica que reluce en un cuerpo legal como el Código de Comercio. Pues, aunque inconcebible, así se produjo en la reunión del Consejo de Ministros del viernes antes aludido.

Sin pudor alguno, con gran desconocimiento, y haciendo gala de la falta de respeto a las leyes más permanentes de nuestro ordenamiento jurídico, invadiendo además el territorio que la tradición –y al que no le guste referirse a la tradición, porque nació sin ella, que mire la Constitución– otorga como competencia al poder legislativo con sus debates, el Consejo de Ministros, mediante un Real Decreto-Ley (el número 10, de 12 de diciembre de 2008) irrumpe en la regulación de una parte importante de la escena económica, para afirmar que no es, lo que realmente es. Hasta el punto que, definido el patrimonio neto de las entidades mercantiles como venía siéndolo, ataca y desvirtúa la propia definición diciendo que no es patrimonio neto lo que inmediatamente antes se ha dicho que es.

Semejante aberración era necesaria para modificar las leyes de Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada, para no considerar pérdidas lo que realmente lo son, para no tener que liquidar la sociedad en el plazo de dos meses si aquellas pérdidas hubieran reducido el patrimonio de la sociedad a una cuantía inferior a la mitad del capital social. Bien es verdad que, para rematar el despropósito, todo ese artesonado de contradicciones sólo lo será para los próximos dos años, al término de los cuales, los que consigan sobrevivir a la rareza imperante, se plantearán la duda de si se prorroga aquel plazo, de si se vuelve a la situación de origen o de si se acaba definitivamente con el Código de Comercio y otras leyes mercantiles, pues, estas monsergas son propias de sistemas capitalistas.

¿Y todo esto para qué? Las razones, pueden ser de variada especie, aunque tengo que confesar que no he encontrado argumentos de peso en ninguna de ellas, si el peso de los argumentos deba de estar relacionado con el bien de la sociedad; aquello que los más tradicionales llamamos "bien común".

La primera razón podría ser ese oscurantismo que pregona en materia financiera el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Que el oscurantismo genera dudas y las dudas provocan desconfianza –que es exactamente lo que abunda en el sistema económico actual– es lo de menos. El Ejecutivo no está por la labor de aportar claridad en un mundo inclinado deliberadamente a la duda y a la opacidad.

La segunda es esa preocupación por el dato estadístico que hace que muchos de los parados no estén en las cifras de parados, porque la definición de desempleado se ha ajustado a las pretensiones de los que quieren un dato estadístico determinado y no otro que, por desgracia, es el cierto; o que incluye como cotizantes a la Seguridad Social a los que ni siquiera tienen conciencia de ello y que, desde luego, no ejercen una tarea remunerada por cuenta ajena o como autónomo. El dato preocupante, en este caso, es el de liquidación y disolución de entidades mercantiles, como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Hay que reconocer que, como las cosas no van tan mal, a decir del Gobierno, un dato de la realidad de las quiebras sería difícil de rebatir.

La tercera, por reducirme a tres, es que las quiebras tienen un efecto racimo, pues, quien hasta el momento de la liquidación y disolución de la sociedad tuviera sus créditos en el activo en la cuenta de "deudores", tiene que pasar el saldo a "insolventes", que es tanto como decir a "pérdidas", lo cual podría acarrear una disolución y liquidación de la entidad acreedora.

Pero, aunque el Gobierno le llame de otra manera, la pérdida está ahí, la insolvencia también, y lo único que para confiar en alguien, ahora, hay que pedirle el balance al día de su actividad, para ver lo que el Gobierno no quiere que se vea.

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