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Un problema óptico

No se puede pretender un crecimiento económico sin un nivel muy riguroso de seguridad jurídica.

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Más vale que así sea, porque un problema óptico suele resolverse, salvo en patologías graves, con unos cristales correctores que, a día de hoy, hasta pueden resultar elegantes.

Se preguntarán algunos de los lectores qué tiene que ver la óptica con la economía, y comprobarán, por lo que diré, que sobre la economía –o, con más precisión, sobre la actividad económica– inciden significativamente un conjunto de variables, unas positiva y otras negativamente.

Sin ir más lejos, ahí tienen ustedes una enfermedad que está afectando a buena parte de la población –pandemia del covid-19, la llamamos familiarmente– y que, por incapacidad del Gobierno para luchar eficazmente contra ella, ha destrozado y sigue destrozando nuestra economía. Ante ello, el fiscal Navajas prefiere solicitar el archivo de las peticiones de justicia presentadas.

Y esto que acabo de decir no es cuestión de óptica, porque ahí están los datos del derrumbe del PIB. Otros países, pasando también por la pandemia, han vuelto al crecimiento sin tanta parafernalia.

Lo que trato de resaltar es que circunstancias muy diversas pueden hacerse notar en los resultados económicos de una nación: paro, hambre, incertidumbre, en definitiva, crisis general. No se puede pretender un crecimiento económico sin un nivel muy riguroso de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica, en las leyes que nos gustan y en las que no, depende del poder judicial, de los jueces y los fiscales, que son la única garantía que el pueblo tiene de que sus derechos serán respetados y las leyes, cumplidas.

A mí, que un vicepresidente del Gobierno distinga, en la ocupación ilegal de viviendas, si éstas son de propiedad individual o de sociedades o bancos es algo que no me quita el sueño, mientras haya un poder judicial que garantice el respeto al derecho de propiedad.

Lo que sí me ha alarmado es que la Fiscalía, respaldada por la señora fiscal general, ante la petición de archivo de las querellas contra el Gobierno por su gestión del covid-19 diga que se aplica la ley “desde nuestra óptica”. Yo preguntaría: ¿qué ley, la promulgada o la corregida por un efecto/defecto óptico?

Omití hace ya años, por respeto a los grandes de nuestro poder judicial, cuando pregunté a un famoso juez, recordando a un gran jurista italiano, si no convendría que los jueces fueran como una máquina registradora –aquellas de las farmacias–. En su teclado, terminada la vista, marcarían el artículo infringido, y los de las circunstancias atenuantes y agravantes, tras lo cual accionarían la manivela y la máquina emitiría un ticket con la condena aplicable. Su respuesta fue preocupante: los jueces también tienen derecho a tener opiniones propias a la hora de sentenciar. Una cosa son opiniones propias y otra, muy diferente, el encargo constitucional de dictar sentencias justas.

Hay quien, hasta próximo a su jubilación, menosprecia la independencia y renuncia, en términos de Gracián, a ser hombre de entereza a quien nadie obligue a pisar la raya de la razón.

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