El Centro Informático de Estadísticas y Sondeos (CIES, S.A.) es una empresa privada radicada en la Ronda Universidad de Barcelona que se dedica al marketing y que no utiliza el catalán en su página web. Sin embargo, por encargo del gobierno de la Generalidad, ha examinado centenares de historiales médicos sin conocimiento de los afectados con el fin de fiscalizar el idioma utilizado por los médicos de ocho hospitales, alguno de ellos dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, algún otro tutelado por los gobiernos central y autonómico. No consta aún la reacción de la International Hospital Federation, de la que forman parte los centros implicados a través de la Unió Catalana d’Hospitals.
No sé que concepto tendrá del significado de su cargo el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial, don Gonzalo Herranz, para quien la Generalidad “no ha vulnerado la normativa”. Tampoco sé si Marina Geli, la consellera del ramo, puede dormir tranquila mientras se viola la intimidad de los pacientes catalanes. Pero si Herranz y Geli, si Maragall y el fiscal general del Estado creen que nadie ha violado la ley, yo exijo ver los historiales médicos de los cuatro, sus declaraciones de Hacienda, sus nóminas, su ficha dental, su expediente académico, su libro de familia, su árbol genealógico y su papel higiénico.
Flaco favor le está haciendo el gobierno tripartito al idioma catalán. Casi tan flaco como el que le hacen los socialistas españoles a su ya de por sí dudosa reputación. Como ha quedado patente en el proyecto de estatuto, el gobierno de Cataluña quiere controlarlo absolutamente todo. Si está invadiendo sin miramientos la esfera privada no es por proteger ni por fomentar lengua alguna, sino simplemente por la debilidad de sus convicciones democráticas. El catalán no es más que la excusa, el McGuffin de un relato nacionalista que, para colmo, ni siquiera se reconoce como tal.
