Parafraseando aquello de las once mil vírgenes: ¿Pero hubo alguna vez setecientos expertos en inmigración? Pues sí, y están todos aquí. Se han reunido en Gerona (IV Congreso sobre la Inmigración en España) para producir un documento capital que denuncia la discriminación de los inmigrantes encarcelados. Dicen que se les prohíbe sus prácticas religiosas. Tomen buena nota los funcionarios de prisiones que nos habían hecho creer que los presos musulmanes campaban por sus respetos, copaban las bibliotecas para sus fines religiosos y proselitistas, despertaban a grito pelado a los internos de madrugada y tenían amenazados a personal y compañeros, y agredidos a los correligionarios laxos o esquivos a los rigores del islam. Y nosotros abominando de la Gallizo, una santa.
Los peritos en desplazamientos humanos abundan en advertencias al gobierno: ojito, dicen, con la política de vivienda, porque los colectivos extranjeros se enfrentan a los prejuicios de propietarios e inmobiliarias. Los prejuicios, ya se sabe, son una cosa muy mala. Todo ese hervidero, esa tupida red, esa constelación de oenegés que brilla y que palpita en los setecientos corazones solidarios, carecerá, supongo, de ideas preconcebidas. Pero no todos tenemos el alma y la mente tan despejada, ni libamos del néctar del erario, que desintoxica de liberalismo y cura los males del mercado. Sin embargo, ¿qué hacer si los innumerables ciudadanos propietarios de inmuebles en alquiler no han alcanzado su altura moral? ¿Qué puede hacer el gobierno para desprejuiciar a esa clase maldita y prejuiciosa, nuevos kulaki urbanizados que insisten en favorecer a quien posee algún arraigo? Se entiende que algunos se indignen y se líen mantas siberianas a la cabeza, como Haro Tecglen, que lamentaba en su columna del sábado las dilaciones de los que mataron a mil quinientas personas en Madrid en sólo tres días de noviembre de 1936: "Esperaron demasiado".
En cuanto a la política de concesiones de vivienda protegida, muy pronto nos encontraremos en el escenario que dibujó Jordi Pujol, severamente criticado por señalar que los baremos de renta y tamaño familiar (los que son de justicia social) favorecerán casi exclusivamente a las familias de inmigrantes, más numerosas y donde la mujer casada trabaja menos fuera de casa. De la incidencia de esto sobre ciertas actitudes emergentes en la opinión pública, nada dicen los expertos, que reclaman la urgente regularización de todos los inmigrantes sin papeles.