Las verdaderas razones por las que la esposa de Carmelo González quiere privar a su marido de la custodia de sus hijos no interesan aquí. Serán, obviamente, personales. Sin embargo, median en el pleito elementos capaces de convertirlo en un grave asunto de interés público si el juez avalara lo que la esposa, quizá conducida por su abogado, ha decidido alegar. La demanda abunda en prejuicios ideológicos en la esperanza de que el juzgador encuentre del todo reprobable lo que a tanta "gente normal" escandaliza. Por ejemplo, que alguien se enemiste con la dirección de un centro escolar por exigir el respeto a un derecho conculcado.
Existe la posibilidad de que prospere un típico resorte totalitario, la imposición del sambenito de "inadaptado social" a don Carmelo, con todo lo que ello conlleva. Para demasiados catalanes, es un inadaptado cualquiera que no comulgue con las ruedas de molino del régimen, de la "nación" al servicio de cuya construcción se ha ido aceptando lo inaceptable, empezando por la supeditación de derechos individuales.
Los juzgados de familia ven de todo. Con toda seguridad, se habrán topado con alegaciones más peregrinas que las de la esposa de Carmelo González. La diferencia esencial es que, en este caso, la sociedad catalana está preparada, tras décadas de intoxicación nacionalista, para leer la noticia y, en vez de distinguir lo peregrino de las alegaciones, sumarse a ellas: ¡Claro, cómo va a tener la custodia de sus hijos un tipo así!
Tal como dice la demanda: "¿Cómo va a educar a nuestros hijos si entiende que hoy en día nuestro país lo rige un sistema fascista?". Sólo que don Carmelo pronunció la palabra "fascista" después de que se la aplicaran a diario a él y a Ciudadanos, la formación por la que concurrió a las elecciones, y lo hizo como réplica, para preguntarse "¿Quiénes son los fascistas?". Con esta lógica habría que retirar la custodia de sus hijos a todos los manifestantes que llamaron "fascista" al Gobierno del Partido Popular. En caso contrario, concluiremos que, o bien aquel sí era un régimen fascista, o bien el abuso de calificativo es aquí signo de adaptación social.
Exigir el derecho de escolarización en castellano en Cataluña es un vía crucis, por mucho que a uno le asistan desde la Constitución hasta la propia Ley de Política Lingüística catalana, pasando por tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Quien se empeñe en el cumplimiento de la ley en un entorno donde todo se basa en el silencio y la complicidad ante el incumplimiento sistemático de ciertas normas por parte de la Administración, sólo puede ser un indeseable. Lamentablemente, existe el caldo de cultivo para que un juez acoja el argumento totalitario de la inadaptación social. Luego se preguntarán por qué tan poca gente se moviliza en Cataluña por sus derechos lingüísticos.