Existen numerosas razones para que un catalán sensato vote "no" al estatut. Es soberanista, según reconoce uno de sus dos padrinos, Artur Mas: "Para cualquier nacionalista catalán, este es un gran pacto, es un paso hacia delante porque es un pacto de soberanía del Parlament reconocido por las Cortes". Tampoco es un secreto que CiU definió su estrategia política en 2000 como "soberanismo gradualista".
Está concebido para satisfacer a una parte de los catalanes, los nacionalistas, como se desprende de su preámbulo, de la forzada introducción del concepto de "nación", de la interpretación constitucional que se permite (¡nada menos que del artículo 2, primera piedra de la Carta Magna!) y del papel fundamental que juegan los derechos históricos. Más técnicamente, es confederalista; introduce el principio de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y una parte de él.
Es ranciamente izquierdista, su intervencionismo alcanza a todos los ámbitos de la realidad sin detenerse en la esfera privada. Está impregnado de laicismo. Introduce conceptos obsoletos de dirigismo económico, como que "la Generalidad ha de proteger especialmente la economía productiva", del artículo 45.5. Entiéndase "economía productiva" como sectores primario y secundario, con olvido de los servicios, que representan más de dos terceras partes de la economía catalana.
Podríamos llenar varios libros con las razones para el "no" al estatut: se introducirá en el bloque de constitucionalidad sin estar concebido para el consenso (en realidad está concebido para no lograrlo); discrimina el idioma castellano; establece derechos y deberes diferentes para una parte de los españoles, en clara vulneración de los artículos 138.2 y 139.1 de la Constitución; su exasperante ambigüedad deja a los catalanes inmersos en la inseguridad jurídica y provocará inacabables conflictos competenciales. No acabaríamos nunca.
Pero hay una razón que pasa por encima de todas las demás: su aprobación es un paso decisivo en los planes del PSOE para desmontar las bases de nuestra convivencia y sustituir el sistema político del 78 por una democracia aparente donde sólo puedan gobernar las izquierdas, donde sólo ellas y los nacionalismos gocen de legitimidad, donde el partido que representa a la mitad de los españoles juegue siempre en desventaja. El paso siguiente, tras la aprobación, consiste en reproducir el esquema en el País Vasco, donde el brazo político de la ETA haría el papel de ERC. Hay un requisito previo: la negociación política con los terroristas, que ya está en marcha. El "no" al estatut es, ante todo, un "no" a los delirantes y antidemocráticos planes de Rodríguez.
