El médico y banquero Jordi Pujol, que había sufrido prisión por sus ideas, creo Convergencia Democràtica de Catalunya en mitad de una etapa que empieza con el asesinato de Carrero Blanco y termina con la muerte de Franco. Con su pequeña formación de cuadros, el financiador de tantos políticos catalanes desfondó a partidos bien arraigados. Lo hizo en el tramo final de la carrera desatada en pos del nuevo poder autonómico, encarnado en Josep Tarradellas, símbolo de una continuidad institucional en la que durante muchos años sólo el exiliado, el gran político de Cervelló, había creído. Tarradellas dejó Francia y el ostracismo, volvió a Barcelona pasando por Madrid y no apeló desde el histórico balcón a los catalanes sino a los “ciudadanos de Cataluña”, marcando sutiles y significativas distancias con el esencialismo que, temía, le iba a sustituir. Era consciente de la trascendencia de todos sus actos y todas sus palabras. Hablaba para la Historia. Y desconfiaba profundamente de Pujol. La autonomía catalana, al preceder a la Constitución de 1978, fue una excepción a la norma de la Transición: “de la ley a la ley”. Referida la primera, claro está, al ordenamiento franquista.
Quienes se arrogaban “quaranta anys de lluita”, que sólo lo fueron para una minoría, cedieron ante el partido de Pujol, ante su costosa publicidad electoral de traje, corbata, senyera y seny. El lema de los cuarenta años de lucha no estaba mal escogido. Era una cifra redonda. Si se hubiera estirado un poquito más, la lucha habría comprendido la del estalinista PSUC liquidando poumistas por las calles de Barcelona.
Pujol se dotó de la tradición que otros exhibían coaligándose con Unió Democràtica de Catalunya, a esas alturas poco más que una marca. Manejó con habilidad el poder y sus huestes crecieron al olor del presupuesto y de la rápida reordenación de los ámbitos de influencia, del mundo empresarial, los medios de comunicación, la cultura. Pudo avanzar en la vasta tarea de la construcción nacional, que siempre le ha movido, porque, pasase lo que pasase, jamás se apartaban de una norma: apuntalar al gobierno central cuando no disponía de mayoría absoluta. La construcción nacional de Cataluña, que ha requerido que el Tribunal Constitucional mirara varias veces hacia otro lado y que los dos grandes partidos tragaran incontables sapos y culebras, es resultado de la legislación electoral española.
