Los peruanos debemos ser muy cuidadosos a la hora de plantear la vacancia del presidente Alejandro Toledo sin causa eficiente probada. A menos que aparezca alguna prueba de corrupción contundente, tal salida no debería considerarse. Cometeríamos una barbaridad legal y política que sentaría un precedente nefasto y aportaría un gen de precariedad del que tardaríamos décadas en librarnos.
Eso no afecta, sin embargo, a la cada vez más unánime convicción de que lo mejor que le podría pasar al Perú sería su salida del poder. Sólo el 7% de la población lo aprueba, pero lo más preocupante es que su desastrosa gestión está destruyendo la legitimidad de la democracia, como las propias encuestas lo reflejan mostrando un crecimiento exponencial de opciones autoritarias como la del prófugo ex presidente Alberto Fujimori. ¿Qué hacer ante ello? ¿Cruzarse de brazos mirando desde el balcón cómo se destruye el país y cómo se desperdicia una situación internacional inédita en cuanto a ventajas económicas y comerciales?
Toledo no va a renunciar voluntariamente. Le falta grandeza para hacerlo. Es más, no debe estar ni siquiera consciente de la magnitud del fiasco gubernativo que representa. Queda una opción válida y democrática, como es abrir la puerta de la presión cívica para lograr su renuncia. Y ella pasa por la movilización política de los partidos y la sociedad civil. Que sea la democracia popular y no la turba convulsa –que hoy causa zozobra en casi todo el territorio nacional– la que lo saque.
Las cautelas formales de los partidos y el autocontrol de los gremios, más que sostener la democracia, lo que están haciendo es permitir que vaya creciendo por fuera la protesta inorgánica, la turba violenta y la beligerancia autoritaria. Nos parece imperativo que los demócratas se unan en pos de ese objetivo, antes que la velocidad del deterioro social termine por desbordarse, se lleve de encuentro toda salida institucional y empuje al país a una aventura caótica de final imprevisible.
Se dice que la economía peruana –que exhibe buenos indicadores macroeconómicos– sufrirá si tal escenario se precipita. Esta es una afirmación que debe ser puesta en duda. Si hoy el Perú crece es, fundamentalmente, por la dinámica de las inversiones ya existentes y por los beneficios de la globalización que se han abierto. Es más bien la mediocridad gubernativa la responsable de que ninguna inversión nueva aparezca y por eso que no crezcamos al 7% u 8% como podríamos haberlo hecho. Por eso lo hacemos sólo a las escuálidas tasas del 3% o 4%.
Y estas cifras equívocas de “éxitos” sirven para maquillar el desastre. El Estado social ha sido desmantelado, con absoluta indolencia. La inversión en infraestructura popular simplemente no existe. Y ni que decir de la gran obra pública que el país pide a gritos para afrontar competitivamente los nuevos desafíos comerciales del planeta.
La salud y la educación están peor que nunca. Las reformas castrenses y policiales ya han sido abandonadas. Las entidades judiciales languidecen en la inacción. Las privatizaciones y concesiones han sido suspendidas. De reforma del Estado ni el membrete: el ente público engorda llenándose de militantes del voraz partido oficialista. Ninguna reforma se ha emprendido ni se emprenderá.
Como pedagogía democrática, ¿es bueno que los pueblos entiendan que una vez elegido un gobernante deben asumir las consecuencias de sus votos y, por ende, soportarlo todo el tiempo que dure el mandato constitucional? Puede ser, pero más cierto es que ni siquiera un voto equivocado puede obligar a un pueblo tolerar a un presidente que, en los hechos, ha abdicado de sus responsabilidades y cree, al parecer, que goza de absoluta impunidad merced a un “contrato laboral” no enmendable.
La agenda máxima de la oposición no puede ser “controlar” a Toledo para que no cometa barbaridades en los dos años que le restan de mandato. Tampoco se trata de tenerlo en jaque para obligarlo a hacer las cosas que tiene que hacer. No sólo revela una profunda ingenuidad política pensar que eso puede surtir algún efecto, sino que, además, resulta terriblemente patético para los peruanos asumir que tenemos un presidente que necesita semejante régimen de curatela.
A Toledo hay que presionarlo, sí, pero para que se vea obligado a tomar la que podría ser, tal vez, su decisión más sensata desde que asumió el poder: renunciar e irse a su casa. En el Perú aún estamos a tiempo de resguardar algunas figuras institucionales. Pero si esperamos mansamente al 2006, el presidente Toledo las habrá terminado de destruir.
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Juan Carlos Tafur, periodista peruano, es director del diario Correo de Lima.