El cambio en nuestro sistema de convivencia apunta a la sustitución de la legalidad y los pilares del Estado de derecho por la legitimidad, o las acuciantes necesidades sociales, aparentemente ineluctables. La subversión del sistema constitucional de corte o tradición liberal progresa adecuadamente y el adoctrinamiento generalizado contra el sistema de mercado, y por tanto, contra las libertades económicas y también las civiles, es ya un hecho. A esta tarea se han sumado con entusiasmo la práctica totalidad de los estamentos sociales contemporáneos, que han sido, todo sea dicho, los principales beneficiarios del sistema, incluidos los intelectuales. Llegados a este punto, se puede decir que se ha cumplido la profecía de la denostada filósofa Ayn Rand.
El último en aportar sus dos céntimos a tan ilusionante tendencia ha sido el reconocidísimo directivo empresarial Antonio Brufau, quien ha afirmado recientemente que "el capitalismo no funciona". Coincidí con Brufau en Bolivia en 2006-2007, también con Bernardino León y el resto de su séquito. Andaban desesperados intentando salvar a Andina, filial boliviana de Repsol-YPF, de las amenazas del primer gobierno bolivariano de Evo Morales y la posibilidad de perder definitivamente los importantísimos contratos hidrocarburíferos. Sólo ellos sabrán lo que costó al contribuyente español en forma de condonación de deuda y otras prebendas al indigenista con ínfulas de emperador capitalista, que Repsol mantuviera los contratos-concesiones en el país andino y amazónico. Fue allí también, en Bolivia, que por entonces ya era el gran laboratorio de la mayor secta colectivista y de saqueo organizado de todas cuantas existen, el Grupo de Puebla, donde conocí el sistema llamado a sustituir al capitalismo. Como es lógico, no lo llamaban comunismo, lo denominaban "comunitarismo". Nadie sabía muy bien qué era exactamente esto, pero todos teorizaban entusiasmados con la criatura. De comunitarismo se hablaba insistentemente en prensa, en las entrevistas, conferencias, en foros locales, nacionales e internacionales... Estaban convencidos de alumbrar un sistema económico nuevo, que traería al mundo la felicidad definitiva y conseguiría el equilibrio y respeto con la madre naturaleza. De los destrozos medioambientales en Bolivia en las últimas décadas no ha informado nadie, claro.
En cualquier caso, lo curioso es que el programa ideológico que se ha expandido en los últimos veinte años en nuestro país y en muchos otros lugares, por muy asombroso que pueda parecer, coincide exactamente con el que conocí en Bolivia y en el cuartel general de Caracas durante mi etapa hispanoamericana. Se trataba de un programa en el que estaban presentes todas las ideas, convencimientos, necesidades, procedimientos y objetivos que actualmente encontramos al echar un vistazo al mercado de la opinión pública occidental. Los profesores preconizan y defienden lo que allí difundían los profesores; los periodistas, de manera abrumadoramente mayoritaria, simpatizan y transmiten lo que allí entonces divulgaban los periodistas, y los políticos y creadores de opinión, el conocido mainstream, se comportan y actúan prácticamente igual que lo hacían sus pares al otro lado del Atlántico por entonces. Definitivamente, nos hemos bolivarianizado, y no hay prueba más evidente de esto que ver a Antonio Brufau decir las mismas cosas que decían Evo Morales o Álvaro García Linera allá por el año 2006 o comprobar cómo Ana Botín hace discursos similares a los de Greta Thunberg.
Es muy posible que este proceso sea imparable. Obsérvese que la destrucción de la convivencia civil siempre fue el primer paso de esta secta para, a continuación, desmantelar progresivamente el sistema económico y de libertades que todavía hoy reconocemos como “sistema de mercado”, o simplemente “capitalismo”. Se ha agotado, dicen las nuevas élites, la nueva clase, en la terminología utilizada en su día por Milovan Djilas. Esa clase que no duda en financiar a analfabestias para que, en las calles, en los periódicos, universidades y organizaciones de todo tipo, convenzan a los ciudadanos de que, en efecto, el sistema económico no funciona y hay que transitar hacia otras fórmulas de extracción más eficaces, pero, eso sí, con el beneplácito de los propios y directos perjudicados. Hay que hacerlo de manera democrática.
Juan Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo, Universidad de Granada