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El domingo tenía una empresa y la perdí en dos segundos

Si los emprendedores pueden ser privados de su negocio no por haber fracasado su aventura empresarial sino por una arbitrariedad política, no es de extrañar que disminuya la iniciativa empresarial en el país.

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El mundo de los emprendedores es muy variado y las razones que suelen tener para lanzarse a la aventura de constituir una empresa son también muy diversas y complejas: obtener mayores ingresos, no tener que seguir las instrucciones de un superior jerárquico, asegurar el futuro de la familia cuando en el futuro no se esté, el espíritu de aventura, motivaciones éticas, etc.

Aunque sean distintas las motivaciones de cada emprendedor, sí comparten la característica común de arriesgar parte o la totalidad de su patrimonio, tiempo y reputación en acometer nuevos proyectos o en reforzar los ya existentes. El riesgo es algo inherente a la labor emprendedora, ya que pueden llegar a perder gran parte o incluso todos sus ahorros si algo sale mal. Por ello, son numerosos los factores que tienen que controlar para asegurar el éxito: proveedores, clientes, empleados, inversiones, financiación, etc.

Por todo esto, el respeto al derecho de la propiedad se convierte en un factor muy importante a valorar a la hora de acometer una inversión. A nadie le gusta arriesgar su patrimonio, tiempo y esfuerzo para ver, el día de mañana, que lo ha perdido. Y aunque éste puede perderse porque el negocio fracase o incluso por razones de fuerza mayor, siempre tranquiliza el hecho de que el emprendedor no se verá privado de su patrimonio fuera de esas circunstancias.

Sin embargo, las razones anteriores no son las únicas por las que una persona puede verse privada de su patrimonio. Las legislaciones de cada país prevén motivos por los que la administración pública puede expropiar el patrimonio de una persona. En los países donde se respetan más los derechos del individuo, la expropiación no puede realizarse sin estar amparada por una ley, por causas tasadas y pagándose un justiprecio que compense la pérdida del patrimonio. Además, se suelen proporcionar mecanismos jurídicos para que el expropiado recurra si percibe que la operación se ha efectuado sin las garantías correspondientes, arbitrariamente o a un precio injusto. Sin embargo, no siempre ocurre así, bien porque la ley que permite la expropiación es tan ambigua que admite causas de difícil justificación, o incluso porque no existen leyes o garantías.

Así una persona puede decir de un día para otro: "Yo el domingo tenía una pequeña empresa y dejé de tenerla en dos segundos". Si los emprendedores pueden ser privados de su negocio no por haber fracasado su aventura empresarial sino por una arbitrariedad política, no es de extrañar que las personas que estuviesen pensando en abrir una empresa se vean totalmente desanimadas por este antecedente y disminuya la iniciativa empresarial en el país. Por lo tanto, el daño causado no se limita simplemente a las personas directamente afectadas, a quienes se les ha privado de su empresa de manera arbitraria, sino a muchos otros que ven cómo el fruto de su esfuerzo puede desaparecer en un instante y deciden no emprender.

Es por ello que el respeto de los derechos del individuo en los procesos expropiatorios resulta vital para fomentar la actividad económica de un país. Mientras más firmemente se protejan estos derechos, más personas se verán animadas a iniciar una actividad empresarial y mayor será la riqueza generada.

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