Casi todos hemos oído hablar de la firma electrónica. Algunos conocíamos la manera en que funciona, pero pocos o más bien casi ninguno nos hemos atrevido a utilizarla de manera generalizada. En 1999 fuimos los primeros en regular legalmente el uso de la firma electrónica, éramos los más "modernos", los más atrevidos; pero a la vez también éramos (y seguimos siéndolo) de los países menos desarrollados en el uso de las nuevas tecnologías. El fracaso inicial de la firma electrónica, se debe achacar fundamentalmente a tres razones:
- La falta de familiaridad y por tanto la correspondiente desconfianza hacia Internet. Esto supone una barrera previa a la firma electrónica en sí, puesto que se desconocen las aplicaciones prácticas de la misma.
- No existe en nuestro país una cultura de relaciones patrimoniales a distancia. Necesitamos ver con quien contratamos, verle la cara; la desconfianza es grande tanto hacia el servicio ofertado como a quien nos lo ofrece.
- La regulación de la firma electrónica, que se antojaba novedosa y vanguardista, resultó ser inoperante y farragosa, dejando una gran cantidad de lagunas, extremos confusos y obligaciones que la administración nunca estuvo dispuesta a cumplir, como el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, cuya creación dependía del Ministerio de Justicia.
Pese a estas dificultades, surgieron variedad de prestadores de servicios de certificación, que son aquellas entidades que nos proveen de la capacidad técnica de firmar electrónicamente, y son quienes certifican que quien firma es realmente quien dice ser. Ejemplos de las mismas son ACE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Camerfirma. Solamente la segunda obtiene un razonable éxito en general y un gran éxito en particular con la presentación de declaraciones de hacienda de manera telemática. Es curioso cómo la regulación establece que la prestación de servicios de certificación se desarrollará en régimen de libre competencia pero solamente el certificado generado por la FNMT es el aceptado por Hacienda.
Es evidente que la firma electrónica ha sido un fracaso rotundo, a pesar de las expectativas que levantó en sus comienzos. El gobierno del Señor Aznar se percató de la chapuza que en esta materia había realizado poco después de la entrada en vigor del RD 14/1999, y por eso nunca se creó el registro de prestadores de servicios de certificación, aunque dada la clara utilidad de la firma electrónica, se aprovechó lo mejor posible para agilizar el funcionamiento de la gestión de tributos.
Así las cosas, el jueves pasado fue aprobada en el congreso la nueva ley de firma electrónica, cuya novedad más interesante no es el hecho de que se corrijan muchas de las deficiencias de la regulación anterior, sino que a través de la figura del Documento Nacional de Identidad Electrónico el Ministerio del Interior se constituye en prestador de servicios de certificación. Esto va a suponer que, con extrema facilidad, todos los españoles tendremos acceso a la firma electrónica. Algo estupendo pero que me hace temer que, salvo que el Ministerio del Interior restrinja su certificado a usos muy concretos, significará la muerte de los prestadores de servicios de certificación privados.
Es importante que se generalice el uso de la firma electrónica, pero no que lo haga en forma de monopolio, ya sea a través del Ministerio del Interior o de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Juan José Pérez-Dobón Batlles forma parte del bufete Pérez-Dobón & Batlles Abogados