Tres discursos, aparentemente divergentes, son los que se están manteniendo en la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. No son pocas las claves que debemos tener en cuenta si queremos tener una idea aproximada de la realidad. Veamos, la primera clave es que el PP se ha arrepentido de su oposición al nuevo Estatuto de Cataluña, porque piensa que en el fondo no le ha servido más que para tener que pagar un peaje más caro en su hipotético pacto con CiU para llegar a la Moncloa.
Partiendo de aquí, el PP no quiere que ningún Estatuto de Autonomía que se reforme en el futuro pueda servir para señalarle. Este cambio de postura, pese a lo que diga Arriola, tampoco es gratuito. En la campaña de recogida de firmas que impulsó el PP, cuatro millones de ciudadanos se opusieron por escrito a la reforma del estatuto catalán. No manifestaron su discrepancia por deporte, sino por considerar que representaba el pistoletazo de salida de la desmembración definitiva de la nación española. El PP debe ser consciente de que el mensaje que está lanzando a sus votantes es: "no era para tanto, en fin, las cosas vienen así, y tal y tal. Ya veremos la reacción del votante".
La segunda clave es doble y la misma. Tanto Barreda, por un lado, como Camps y Valcárcel, por otro, han exprimido la emotividad que encierra la cuestión del agua. En la huerta de Valencia y en la vega del Segura, el agua es una cuestión atávica. Ambas comunidades mantienen estructuras productivas en el ámbito agrario necesariamente ineficientes, en cambio, nada han hecho en los últimos cuarenta años por cambiarlas. En las dos autonomías mediterráneas, la agricultura ha ido perdiendo peso en su PIB, y simultáneamente ganando apego en las mentes de sus ciudadanos. Es como si nadie quisiera asumir la responsabilidad del abandono de un campo asfixiado por su conformación. No parece haber ningún líder dispuesto a asumir un nuevo paradigma de la agricultura en Valencia y Murcia. Por otra parte, Barreda ha hecho lo mismo pero a la inversa, su única aspiración real es regar cultivos de subvención; sin embargo, le echa al agua del Tajo la culpa del subdesarrollo que tras décadas de Gobierno socialista sigue padeciendo La Mancha. Aún hay más, María Dolores de Cospedal quiere asegurar la presidencia de la comunidad castellano manchega en mayo de 2011. Entregada a este propósito, no puede permitirse el lujo de sublevar el ánimo de sus votantes. Así, la hemos visto convertida en una furibunda defensora del discurso hídrico de su oponente.
La tercera clave viene determinada por la posición de los dos partidos protagonistas de la liza, pero esta vez ya no en Valencia y Murcia, ni en Toledo, sino en la capital de lo que queda del Reino. Ambos partidos entienden que la disputa habida con ocasión del Estatut sólo va a acabar beneficiando a Artur Mas, rival y posible socio de ambos. De este modo, andan los dos obsesionados por consensuar el texto del nuevo estatuto de Castilla-La Mancha. No importa que la reserva hídrica esté en el preámbulo, en el texto o en las disposiciones adicionales; no importa la cantidad de la reserva, ni qué realidad subyace a una determinada cuantificación de la necesidad. Todo eso no le interesa a nadie, lo que importa a todos nuestros políticos es quedar bien ante sus electores en un período de inminente contienda electoral.
El resumen de la partida será el siguiente: Camps y Valcárcel dirán que gracias a ellos se ha mantenido el trasvase; Barreda y Cospedal que han garantizado el agua para su Comunidad; Rajoy y Zapatero que ha sido un estatuto consensuado como deberían haberlo sido los anteriores. A partir de ahora, a seguir jugando a tres bandas, y si se complica la posición, la jugamos a cinco y que corra por el tapete. Aquí los únicos que no importan, como casi siempre, son los ciudadanos, y además, gane quien gane, somos los que pagamos la partida.