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Juan Morote

Cascada de responsabilidades

Junto a los autores materiales del hecho, cabe pergeñar también una responsabilidad civil del Ayuntamiento de Madrid, que ha mantenido una instalación municipal abierta sin licencia, desoyendo las peticiones de cierre formuladas por la policía local.

Juan Morote
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¿Quién es el referente político del alcalde de Madrid? Siempre me lo imaginé a caballo entre un todopoderoso Ramsés, entrando en cuadriga blanca en el valle de los Reyes, y un plenipotenciario Stalin inaugurando, por doquier, inmensas estatuas en su honor, siempre adulado por una marabunta de súbditos conducidos allí a punta de Kalashnikov. Pero no era ninguno de estos dos, sino cualquiera de los emperadores romanos que usaban los recursos públicos para costear días y días de circo, consiguiendo anestesiar a los ciudadanos descontentos.

No sé si Gallardón es un socialdemócrata o un estatista conservador, quizá ambas de consuno. Este incontinente del control y de la extensión de lo público, aderezado de sobredosis de demagogia y vanidad, es el responsable de la regencia municipal de discotecas ilegales, donde pierden su vida ciudadanos como Álvaro. De verdad, si alguien me puede explicar la utilidad pública de una discoteca, se lo agradezco. Cómo se justifica que el Ayuntamiento de Gallardón tenga ilegalmente abierto un establecimiento en el que se apalea a voluntad y se intoxica con garrafón a los jóvenes usuarios. Lo demencial de esta tragedia es la connivencia de alcalde y ediles, que ha permitido mantener en funcionamiento este establecimiento ilegal, tras casi cincuenta denuncias y repetidas peticiones de cierre por parte de la policía local.

Álvaro Ussía fue brutalmente asesinado el sábado por la noche, en esta ilegal discoteca municipal "Balcón de Rosales". El alcalde, Gallardón, ha hecho gala de una cobardía infinita, negándose a dar la cara delante de los padres de este joven el día de su entierro. Este asesinato debe entrañar una cascada de responsabilidades en cadena. En primer lugar, una responsabilidad penal y civil, de los tres animales que mataron a golpes a un chaval de dieciocho años cuando se suponía que estaban, en su condición de porteros, para garantizar la seguridad en el local.

Junto a los autores materiales del hecho, cabe pergeñar también una responsabilidad civil del Ayuntamiento de Madrid, que ha mantenido una instalación municipal abierta sin licencia, desoyendo las peticiones de cierre formuladas por la policía local. Además, hay una responsabilidad administrativa de funcionarios y políticos, mas no albergo esperanza en ver expedientes y ceses; esto hiede como si fuera la operación guateque segunda parte.

Pero siendo todo lo anterior muy importante, no lo es menos la posible responsabilidad penal del alcalde, por un delito de prevaricación por omisión. No estoy confeccionando jurisprudencia creativa. Conviene recordar que en el año 2006 (STS 1091/2006) y actuando de ponente Martín Pallín, el alcalde de Villareal fue condenado por un delito de prevaricación por omisión en un supuesto extrapolable al que nos ocupa. En Villareal, una fábrica emitía un nivel de ruidos superior al legal, el alcalde no hizo caso de las reiteradas denuncias (unas treinta) y acabó siendo condenado por un delito de prevaricación por omisión (arts. 329 y 404 del Código Penal), al comprobar el Tribunal Supremo la veracidad de las denuncias y la pasividad del alcalde.

Esperemos, en beneficio de la familia de Álvaro Ussía, y de la tranquilidad de los ciudadanos, que todas las responsabilidades, sin excepción, sean exigidas conforme a lo dispuesto en las leyes y según el criterio sentado por los tribunales. Aunque me veo invadido, en este caso, por un escepticismo asqueado.

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