Se ha abierto la veda para las fusiones de las cajas de ahorros. Una caja de ahorros es una especie de artillería para el poder político; no en el sentido de que lance proyectiles con trayectoria más o menos tensa, sino que realmente son la última reserva del mando. Han sido tres cajas catalanas de menor entidad las primeras en fusionarse, aunque no debe hacerse ilusiones el contribuyente, los paganos vamos a ser los de siempre.
Unos días atrás, José Luis Olivas, exdiputado, exconseller, expresident, y a este paso próximo expresidente de Bancaja, señalaba la necesidad de despolitizar las cajas de ahorro. A buenas horas mangas verdes, como la Santa Hermandad, demasiado tarde. Las cajas de ahorro son, sin ninguna duda, un instrumento de perturbación del sistema financiero. Desde el momento en que una caja puede comprar un banco y, en cambio, un banco no puede comprar una caja la asimetría es evidente.
Si a lo anterior añadimos que el órgano director de las cajas tiene una composición eminentemente política, y en modo alguno técnica, vamos acercándonos a un instrumento proclive al pasteleo, y por ende de dudosa salubridad. Entiendo perfectamente el chollo que supone tener un banco a disposición; Ruiz Mateos fue el primero que se dio cuenta hace más de treinta años. Las cajas han dejado de cumplir la finalidad para la que fueron creadas. Casi todas tienen una etiología parroquial, y por tanto una vocación de inicio claramente asistencial; nacieron para que los comerciantes, labradores o artesanos, que no podían llegar al nivel de garantía exigido por los bancos para prestarles dinero, no cayeran en manos de desalmados usureros.
Hoy no hay ninguna diferencia entre un banco y una caja en lo concerniente al usuario. Los comités de riesgos son perfectamente homologables, sus directivos se intercambian con mayor facilidad que los jugadores de fútbol, y se olvidó para siempre el carácter tuitivo que marcó su origen. Si su única razón de su subsistencia es ser un instrumento de financiación de operaciones que tengan determinado interés político, ¿por qué no las privatizan de una vez?
Mientras sea el criterio político el que determine la composición de los consejos de las cajas, los contribuyentes estamos en la obligación de desconfiar de su funcionamiento. A lo anterior hay que sumar que, cuando se gestionan mal, la responsabilidad brilla por su ausencia, sigo esperando ver encausado a un directivo de una caja por dilapidar, en operaciones suicidas, la solvencia de la entidad. Al menos en Estados Unidos sí los meten en la cárcel. Aquí, sin embargo, la solución es mantener al directivo y subyugar al contribuyente para que, con el dinero que le roban a través de los impuestos, pague las aventuras manirrotas de los aprendices de financieros.