Funcionarios y empresarios representan dos sectores antagónicos, aunque complementarios, en la estructura económica de un Estado. Por un lado, los primeros son necesarios en su justo número para garantizar el funcionamiento de las instituciones imprescindibles del Estado, como son la justicia o la seguridad. Por otro lado, los segundos son imprescindibles por cuanto son los responsables de la generación de riqueza que permite al resto trabajar y, por supuesto, pagarles el sueldo a los primeros.
Por definición, un funcionario debería ser un sujeto imbuido de vocación de servicio público. De esta guisa, el colectivo funcionarial, o de servidores públicos, tendría que rezumar abnegación, voluntad de atención, y plena conciencia de su condición de clase pasiva, en el sentido de que su sueldo se carga sobre la espalda de otros. Sin embargo, en España hemos convertido en funcionarios a decenas de miles de trabajadores, cuyos puestos no tienen nada que ver con la garantía del funcionamiento del Estado. De esta forma, hemos funcionarizado psicológicamente la sociedad. El éxito personal no se cimienta en la explotación al máximo de los talentos recibidos, sino en haberlos empleado en conseguir una seguridad laboral.
En cambio, el empresario es aquél que arriesgando lo que tiene y lo que no tiene se lanza tras una oportunidad de generar negocio, es decir, trabajo y riqueza para sí y para los demás. Ningún empresario se hace rico sin dejar a otros con la alforja llena por el camino.
Gracias a los progres de todos los partidos, vivimos en una sociedad donde el valor del sacrificio y el mérito del esfuerzo brillan por su ausencia. Las éticas indoloras se han abierto paso en el pensamiento contemporáneo como superadoras de la verdadera moral. La gente se ha convencido de tener derecho a la percepción de un salario con independencia absoluta de cuál sea su grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas. Y esto se ha llevado a todos los ámbitos de la economía. Un factor coadyuvante de lo anterior, ha sido el papel psicológico de la indemnización por despido; para el trabajador ha supuesto un yugo a su movilidad, un yugo simbólico representado por el imaginario derecho a percibir los cuarenta y cinco días por año trabajado. Al trabajador, en muchos casos, no le importa estar a disgusto, comportarse con una política de mínimos como si fuera funcionario, prescindir de la tensión de buscar un nuevo empleo; aquél parte del supuesto siguiente: si el empresario quiere despedirlo que le pague, ya que además gozará, al menos, de dos años de prestación por desempleo.
En este ambiente, sumamente enrarecido, atisbamos una sociedad anclada en la mediocridad, donde destacar es necesariamente visto con recelo y convertido en blanco de la maledicencia. No es de extrañar que la encuesta publicada por nuestro periódico muestre que tres cuartas partes de nuestros jóvenes quieran ser funcionarios y sólo uno de cada veinticinco se plantee ser empresario. Digo como Tocqueville que aquellos que están dispuestos a cambiar libertad por seguridad no se merecen ni libertad ni seguridad.