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Juan Morote

La cabra al monte

A estos defensores de los derechos fundamentales de quienes se dedican a privar de su disfrute a los demás, sólo les preocupa ahora la renovación de sus cargos, a lo que esperemos que el PP no se vuelva a prestar.

Juan Morote
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Imagínese una película donde en la primera escena aparece un hombre apuñalando a otro a plena luz del día y ante docenas de testigos. No hay duda ni sobre el arma, ni sobre la víctima, ni sobre la identidad del asesino. A partir de ahí, toda la película transcurre con un monótono sonsonete de los protagonistas intentando demostrarle a un jurado que hay muchas pruebas circunstanciales que inducen a pensar que el autor de tan evidente asesinato es culpable. El espectador se quedaría patidifuso de ver cómo pierden el tiempo todos estos agentes, cuando las pruebas más evidentes son holgadamente concluyentes para condenar al asesino. Todavía sería mayor el estupor cuando el jurado, al enredarse en un laberinto de términos jurídicos, y un desarrollo coral e insustancial de la prueba, pone al indubitado asesino de patitas en la calle, revocando la sentencia del tribunal anterior.

Esta película es la que hemos vivido con Bildu, los proetarras de siempre so capa de siglas nuevas. Todos sabíamos que Bildu, Sortu y Batasuna eran y son exactamente lo mismo. Conocíamos las intenciones de Bildu-Batasuna y, así, el Tribunal Supremo ilegalizó la formación proetarra. Hasta aquí lo normal en cualquier país civilizado, porque no nos olvidemos que la democracia está obligada a defenderse de quienes la quieren destruir. Si bien la defensa ha de hacerse con la ley en la mano. En cambio, faltaba la aparición en escena de un tribunal que no hace honor a su nombre. El Tribunal Constitucional, enfundado en la sábana del buenismo preponderante entre quienes lo han elegido, ha decidido que Bildu es un partido tan democrático como el que más. Parece mentira que este mal llamado tribunal, que tarda no menos de tres años en resolver un recurso de amparo de cualquier ciudadano anónimo, se afane raudo cuando sus resoluciones atañen a los culpables de que muchos españoles no puedan gozar de los derechos fundamentales cuyos magistrados están llamados a garantizar.

En fin, este país es así. El bueno de Carlos García, único concejal popular en Elorrio, se quejaba ayer apelando a que los desahogados miembros del Constitucional deberían conocer lo que está haciendo Bildu –Batasuna– en Elorrio. El problema es que lo saben, y que han perpetrado el fallo de su legalización premeditadamente. A estos defensores de los derechos fundamentales de quienes se dedican a privar de su disfrute a los demás, sólo les preocupa ahora la renovación de sus cargos, a lo que esperemos que el PP no se vuelva a prestar en el enésimo pacto de la burla a la justicia. ¿Por qué la cabra siempre tira al monte?

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