Una de las explicaciones más manidas de la presente crisis económica ha sido que las tenebrosas instituciones financieras se han podido aprovechar de la buena fe de los pobres trabajadores y de los pequeños inversores al ofrecerles productos estructurados muy complejos que eran incapaces de comprender. Su única guía para conocer en qué estaban depositando su dinero consistía en fijarse en las (erróneas o falseadas) calificaciones que las agencias de rating (Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch...) otorgaban a estos productos financieros, de modo que fueron presa de un masivo engaño por el que unos pocos (los avaros supercapitalistas) se aprovecharon de muchos (los pobrecitos ciudadanos que hemos padecido la crisis sin responsabilidad alguna).
Cabalgando sobre este continuado ejercicio de demagogia, todas las instancias políticas –desde los Gobiernos a los bancos centrales– han clamado para que se aprueben nuevas regulaciones que incrementen la transparencia de los mercados financieros. La opacidad debe desaparecer y el público ha de disponer de tanta información como sea posible: sueldos de directivos, exposición última de los productos estructurados, abolición de todas las anotaciones fuera de balance...
No me interesa ahora tanto valorar la conveniencia de estas propuestas, sino reflejar la credibilidad que nos deberían merecer quienes las lanzan. En primer lugar, la Fed lleva meses resistiéndose con uñas y dientes a ser auditada para incrementar su transparencia, tal y como ha promovido el congresista Ron Paul en una proposición de ley. El sagrado dogma de la independencia de los bancos centrales –falsa independencia, como puede apreciarse en el caso de la Unión Europea, donde un más o menos independiente Trichet no deja de recibir críticas y presiones por parte de quienes se llenan la boca al hablar de independencia– parece justificar que puedan ejercer uno de los más poderosos y nefastos monopolios que existe –el de la política monetaria, tal y como ya denuncia Hayek– casi con total opacidad.
Bien, algunos pensarán que las administraciones públicas deben trabajar en las sombras para que sus políticas sean eficaces. Curiosa doble vara de medir entre el sector privado y el público en el que tampoco voy a entrar ahora. Al fin y al cabo, ni siquiera es necesario para resaltar la doblez de nuestros gobernantes después de que haya saltado el escándalo de AIG.
AIG es una de las muchas compañías financieras que fue rescatada en septiembre de 2008 por parte de la Reserva Federal. En realidad, como algunos ya apuntamos hace meses, el objetivo no era tanto rescatar a AIG como al sistema bancario. Y es que AIG debía cantidades ingentes de dinero a algunos grandes bancos como Goldman Sachs. Si AIG quebraba y no podía pagar, muchos de estos bancos se habrían visto igualmente abocados a la bancarrota.
Sorprendentemente, no fue hasta medio año más tarde, en marzo de 2009, cuando AIG reconoció que había entregado la friolera de 62.100 millones de dólares a diversas entidades financieras cuyos nombres también desglosó en la nota de prensa. Es decir, más de la mitad de todos los fondos que había recibido para supuestamente ser rescatada iban dirigidos en realidad a rescatar a los bancos.
Indignante atentado a la transparencia el que cometió AIG al retener esta información durante medio año. Sí, porque si los contribuyentes de Estados Unidos carecen de la facultad para evitar ser desplumados, al menos deberían retener el derecho para conocer a qué se destina su dinero. ¿Por qué entonces las autoridades no presionaron a AIG para que hiciera pública toda esta información mucho antes?
Pues porque, tal y como hemos sabido hoy, fueron las autoridades, en concreto la Reserva Federal de Nueva York dirigida por el actual secretario del Tesoro de Obama, las que presionaron a AIG para que no hiciera pública esa información.
En otras palabras, los mismos que piden más y más poderes para forzar a las empresas a que sean más transparentes –los Bernanke, Geithner o Kohn de turno– son los mismos que a la hora de la verdad quieren ocultar cuando les interesa la información a los ciudadanos. En otras palabras, no se trata tanto de ganar poder frente a las grandes corporaciones para utilizarlo a favor del pueblo, sino de obtenerlo en su propio beneficio para racionar la información y manipular al pueblo.
No, la falta de transparencia no causó la crisis como bien saben todos estos burócratas que ahora tratar de aprovechar las circunstancias para medrar y restringir las libertades. Lo que causó la crisis fue su bochornoso intervencionismo monetario que siempre han tratado de camuflar con la menor transparencia posible. Ése es su perverso juego.