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Menos libertad contra la crisis

De Londres no ha salido una defensa real del libre comercio, sino de los intercambios controlados, subsidiados y teledirigidos por los Gobiernos a través de la burocracia internacional.

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Poco o nada suele parirse en estas reuniones de pastores que son las cumbres internacionales de políticos. Si acaso, tras la de Londres, cada mandamás podrá seguir haciendo con más autonomía lo que ya venía haciendo: despilfarrar la riqueza de los ciudadanos en su particular proyecto mesiánico por rescatar una economía que sería capaz de rescatarse a sí misma si no se lo estuvieran impidiendo.

Dado que todos dentro del G-20 piensan volverse aún más manirrotos y depredadores con sus ciudadanos, nadie quiere sobresalir por el ala siniestra. El pacto y el diálogo les permite que los claroscuros se vuelvan monocolor: la austeridad parece haber sido la palabra proscrita en estas timbas periódicas en las que se decide la profundidad del hundimiento de las finanzas mundiales. O peor o mucho peor; nuestros políticos sólo tienen dos envites posibles.

Al margen de las desmesuras cada vez más desmesuradas de los programas de gasto público –ya vamos por cinco billones de dólares, cinco veces el PIB español–, la cumbre sí ha sido propicia para triturar los últimos resquicios de libertad que quedaban en los mercados internacionales. Aprovechando que el Támesis pasa por Londres, no sólo se ha acordado poner fin a los paraísos fiscales –traducción deliberadamente incorrecta del inglés "tax haven", es decir, "refugio fiscal"– sino también incrementar la regulación de las finanzas mundiales.

La idea es tan sencilla como errónea: la crisis económica actual se ha producido porque la pasividad pública permitió que los altos ejecutivos, movidos por su irrefrenable codicia, invirtieran en productos extremadamente arriesgados y complejos que, de manera inevitable, terminaron colapsando. Por eso, en las conclusiones de la Cumbre se ha acordado incrementar las regulaciones sobre las instituciones financieras, sobre las agencias de rating y, por primera vez, sobre los hedge funds, esos fondos de inversión privados tan demonizados durante la última década precisamente por ser de "inversión" y, sobre todo, por ser "privados".

Pero la hiperregulación no es la respuesta; de hecho, en muchos casos como en el de las agencias de rating, la auténtica desregulación debería ser el camino a seguir. Recordemos que Caja Castilla-La Mancha (y todas las que vendrán detrás) ni quebró por falta de superversión y regulación ni sus créditos impagados se debían a la codicia capitalista (salvo que ensanchemos tanto el término capitalismo como para incluir al latrocinio político).

Es cierto que las instituciones financieras sí necesitan de una mejor regulación que defienda realmente los derechos de propiedad, pero esto dista mucho de que los políticos deban y puedan meter las narices en todos los patrimonios privados. El punto de llegada debería ser una progresiva abolición de los bancos centrales y de los privilegios con los que vienen operando los bancos privados especialmente desde hace un siglo. Sin embargo, el documento de la Cumbre ni siquiera mienta a los bancos centrales –culpables últimos de la crisis– y en cambio se deshace en invectivas contra la inexistente desregulación.

En definitiva, la Cumbre ha sido un fiasco destinado a bendecir la expansión descontrolada del gasto público por parte de cada Gobierno y para avanzar hacia un sistema financiero prostrado, aún más, a los intereses del Estado. Pero precisamente por conservar la malformación básica del negocio bancario (la insostenible estrategia de endeudarse a corto plazo e invertir a largo con la asistencia inflacionaria de los bancos centrales), estas medidas sólo servirán para asfixiar nuestra libertad y bienestar y no para poner fin a las recurrentes crisis económicas.

Sólo una nota saludable parece derivarse de las conclusiones del G-20: una crítica abierta e indubitada contra el proteccionismo comercial que convertiría esta crisis en una severa depresión. Sin embargo, tantos aspavientos en la buena dirección sólo parecen ir destinados a reimplantar las barreras arancelarias al grito de "¡Libre Comercio!". ¿Cómo van estos estadistas –Zapatero, Lula, Kirchner, Brown, Obama, Sarkozy o Berlusconi– a renunciar al librecambismo después de comprometerse como se han comprometido a defenderlo con uñas y dientes? Pues haciéndolo. Obras son amores y no buenas razones; las consignas, que ya se repitieron hasta la saciedad en la Cumbre de Washington, no se han compadecido con los hechos. Y es que de Londres no ha salido una defensa real del libre comercio, sino de los intercambios controlados, subsidiados y teledirigidos por los Gobiernos a través de la burocracia internacional.

Si acaso, por consiguiente, podemos celebrar que nuestros políticos no hayan optado de manera explícita por la vía socialista revolucionaria. Pero poco a poco, crisis tras crisis, Leviatán sigue engordando.

No deberíamos depositar nuestras esperanzas en estas meriendas de contribuyentes, sino más bien en que los individuos –usted también– seamos lo suficientemente perspicaces como para salir de la crisis antes de que el G-20 nos hunda definitivamente en ella. Si esperaba algo de esta reunión, espero que sólo fueran calamidades, ya que en caso contrario habrá quedado decepcionado.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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