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Juan Ramón Rallo

¿Para qué sirven los presupuestos?

No sólo, pues, el Estado nos impide que reduzcamos nuestro insostenible endeudamiento, sino que además se dedica a obstaculizar que la economía se reestructure y a tapar los agujeros que él mismo abre con contumacia.

Juan Ramón Rallo
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La idea originaria de contar con unos presupuestos pasaba por limitar la acción discrecional del Ejecutivo. Los gastos quedaban acotados y resgistrados en un documento, y tales desembolsos debían llevar aparejados una fidedigna descripción de las fuentes de financiación. De este modo, el Gobierno debía justificar de antemano de dónde obtendría los recursos y a qué los destinaría, no pudiendo desviarse ni un milímetro de semejante declaración.

El keynesianismo y su insaciable recurso a la deuda pública, sin embargo, enterraron esta constringente finalidad del presupuesto. De límite a la acción arbitraria del Gobierno se convirtió en un instrumento de "política económica" destinado a "estabilizar" la economía, recurriendo, no al pago religioso de impuestos que repercute con severidad y realismo sobre las generaciones presentes, sino a la adicción a un endeudamiento que traslada y diluye el coste entre las generaciones futuras.

Así, el sarao que durante estos días se celebra en el Congreso de los Diputados difícilmente va a parir un documento que refleje en alguna medida la realidad y las previsiones de futuro. El debate presupuestario es un inútil ritual donde todos mienten y todos saben que mienten. Desempeñan su papel de (irresponsables y falsos) representantes del pueblo que debaten durante largas y tediosas sesiones como si les fuera algo en ello, como si les importara lo más mínimo la fuente y el destino de esos 150.000 millones que arrebatan cada año a los sufridos contribuyentes.

De nada sirven unos presupuestos que no se conciben para ser cumplidos sino, precisamente, como una formalidad que le permita al Gobierno hacer de su capa un sayo. Lo que buscan es aprobar un documento que nazca ahogado en las milmillonarias emisiones de deuda que ya tiene pensado acometer Zapatero. De nada sirven porque aunque se cumplieran, nuestro país –todos nosotros– estaríamos condenados por esta casta política a seguir despeñándonos por el precipicio.

Merece la pena recordar en este punto dónde está nuestra economía: nos hemos endeudado hasta decir basta durante casi una década con el extranjero para especializarnos en construir bloques de hormigón a precios que casi hicieron palidecer al Palacio Imperial de Tokio. Ahora, cargamos que el peso de una deuda que esperábamos amortizar vendiendo inmuebles a los inocentes guiris y que, sorpresa, ya no tenemos manera de minorar salvo reduciendo drásticamente nuestro consumo, aceptando sueldos menores, recortando los precios de los bienes y servicios que vendemos al extranjero y, sobre todo, permitiendo que el valor de las viviendas se hunda hasta niveles que hagan rentable reutilizar en otras actividades todos esos cementerios de ladrillo. En otras palabras, ahorro, austeridad y tocar con los pies al suelo para captar los recursos que nos permitan, primero, amortizar nuestro elevadísimo endeudamiento y, segundo, reorientar nuestra estructura productiva.

¿Y qué nos ofrece el Gobierno para ello? Gasto, gasto, gasto y más impuestos. Fantástica receta para pulirse el escaso ahorro que hemos ido generando gracias a nuestros sacrificios y para impedirnos que repitamos experiencia en el futuro debido al estallido cada vez más inminente de nuestras obligaciones tributarias.

Dispendios que para más inri van a parar en dos direcciones, a cada cual peor: la primera, a recolocar a los pobrecitos constructores que adictos al cemento sólo quieren cambiar el adjetivo del sector en el que trabajan, obra privada por pública; la segunda, en mantener con aguinaldos a unos cinco millones de desempleados a los que el propio Gobierno y sus amados sindicatos impiden trabajar por puro sectarismo ideológico. No sólo, pues, el Estado nos obstaculiza la reducción de nuestro insostenible endeudamiento, sino que además se dedica a impedir que la economía se reestructure y a tapar los agujeros que él mismo abre con contumacia.

Tenebroso panorama al que este sainete del Congreso sólo puede hacerle honor. Una economía moribunda a la que nuestros políticos se encargan de propinarle la puntilla, tanto en el fondo como en las formas.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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