Los países de América invocaron, tras el 11 de septiembre, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río), como una forma de solidaridad con los EEUU. Pero su aplicación no es tan sencilla. Llevar estos predicados a la acción no resultará cuestión simple, en primer lugar porque implicará abrir un debate (por cierto que necesario y postergado) en torno a cómo llegar a la formulación de una doctrina respecto de la seguridad hemisférica, que sea la resultante de la búsqueda de consensos regionales (o al menos sub-regionales) que pueda reflejarse luego en acciones concretas. Esta elaboración, podría darse en forma paralela con la colaboración concreta de la región en la solución de una creciente amenaza.
Consecuencias no buscadas
Inmediatamente después de los atentados, el foco de todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos y sus fuerzas armadas se centraron en dos áreas: encontrar y castigar a los culpables e imposibilitar, hasta donde fuera posible, que algo así se volviera a repetir. En este marco los recursos existentes fueron concentrados en la protección de la masa territorial de los Estados Unidos y sus ciudadanos, a más de las operaciones en Afganistán. Esto, a tres meses de los acontecimientos, se convierte en la fuente de una amenaza que sólo podrá ser solucionada trabajando en forma coordinada.
La lucha contra el narcotráfico perdió hasta el 70% de sus efectivos, tanto en las áreas de interdicción como en las investigaciones criminales correspondientes. Donde más visible resultó este cambio de prioridades es en el repliegue de las unidades navales y de guardacostas, lo que generó particularmente en el golfo de México y en aguas del Pacifico, la reaparición de los vuelos clandestinos y de las lanchas ultra rápidas que los narcotraficantes utilizan para trasladar sus cargas desde Colombia o Perú a la costa de Estados Unidos.
Estas embarcaciones operan permaneciendo inmóviles en aguas internacionales, normalmente cubiertas por telas azules para hacerse visualmente indetectables (además, su bajo perfil y su construcción a base de fibras dificulta su captación por radar). Aguardan así la llegada (en puntos prefijados) de aviones de pequeño y mediano porte que, volando a baja altura descargan hasta un par de toneladas de cocaína cuidadosamente envueltas en envases impermeables. Los botes salen de su letargo y ‘pescan’ la droga para luego salir disparados hacia la costa a velocidades de más de cincuenta nudos al amparo de la oscuridad.
Ciertamente que la interdicción de estas operaciones requiere por sobre todo de buena inteligencia, la que se redujo notablemente en la medida en que cantidades de agentes pasaron ahora a desempeñar tareas en la lucha contra el terrorismo, pero exige también un constante patrullaje marítimo. Hasta septiembre, las tareas de inteligencia unidas a la presencia de los buques guardacostas y sus helicópteros artillados, unidas a una creciente coordinación operativa entre los Estados Unidos y México, estaba dando como resultado cifras record en tonelaje de droga capturada; esto se ha revertido.
¿Es posible hacer algo?
Esta realidad que acabamos de describir brevemente resultó inmediatamente percibida por las organizaciones criminales, en particular por los carteles de la droga de México y Colombia. También en Perú y Bolivia se vislumbra una tendencia hacia el aumento de la producción, mientras que el crimen organizado ruso intensifica su política de alianzas con los grupos criminales locales.
Hoy, cuando no pocos países del Hemisferio se interrogan respecto de formas para estructurar una cooperación eficaz contra las nuevas amenazas transnacionales, la noción de una fuerza naval regional cooperando en tareas de interdicción con los Estados Unidos y México, merecería una reflexión cuidadosa. Por cierto que esto no se logrará sin abordar dificultades, no sólo de recursos, sino también obstáculos políticos. Será necesario superar viejos conceptos (tales como una inflexible división de la seguridad interna y externa) y dejar de lado recelos y desconfianzas que en algunos casos calan muy hondo.
Hay sin embargo condiciones que hacen esta iniciativa digna de consideración. La primera si bien egoísta, es muy válida: no existe gobierno democrático en la región al que le convenga el fortalecimiento de los carteles de la droga y el crimen organizado, particularmente cuando nuestras democracias atraviesan momentos difíciles. En segundo término, el 11 de septiembre demostró que la seguridad hemisférica es un debate que no tendría que posponerse por más tiempo, procurando dejar de lado las formulaciones abstractas para pasar a analizar hechos concretos y finalmente, la lucha contra el narcotráfico no aparece como un tema que dé lugar a demasiada controversia, al menos en lo que a la conveniencia de interceptar los cargamentos de cocaína toca.
Fuerzas navales como las de Argentina, Brasil o Chile, por mencionar unos ejemplos para nada excluyentes, cuentan con la capacidad necesaria para concurrir en apoyo de las exigidas unidades de Estados Unidos y México. Tal vez sea este un primer y modesto paso en el camino hacia una mayor regionalización de la seguridad, partiendo de una aproximación multilateral que puede servir de base para extender esta perspectiva a otras áreas de las relaciones hemisféricas.
Este artículo, junto con otros de Rubén Loza Aguerreberre, Aníbal Romero, Martín Higueras, Víctor Llano, etc. se publica en la Revista de América de Libertad Digital. Si desea leer más, pulse AQUÍ
Todos los derechos reservados
!-->