Hace ya varios años que una peligrosa tendencia se hace más y más visible en el Hemisferio; son varios los estados nacionales que por falta de voluntad política, por falta de recursos o por ambas razones a la vez, tácita y calladamente, van dejando abandonadas regiones enteras de sus territorios. Malamente controlan sus capitales y alguna de las ciudades más importantes, mientras que miles de kilómetros cuadrados se convierten en “tierra de nadie” o mejor aún en tierras controladas por los modernos señores de la guerra representados por todo tipo de grupos guerrilleros y/o delincuenciales vinculados al crimen internacional.
Esto es particularmente agudo en áreas fronterizas de difícil acceso, donde la múltiple jurisdicción se suma a la geografía para hacerlas un terreno fecundo para todo tipo de actividades ilícitas. Es muy fácil mencionar abundantes ejemplos: La zona conocida como El Darién, entre Panamá y Colombia; la totalidad de la frontera venezolano-colombiana; la frontera entre Surinam y Brasil; la región de Leticia entre Brasil y Colombia; la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil; y estas menciones no agotan la lista, pero sería tedioso seguir.
La historia que nos ocupa hoy, es tan sólo una, tal vez de las más recientes, pero por cierto no será la última. El primero de marzo pasado, en medio de la tupida selva que marca el límite entre Colombia y Ecuador, un helicóptero civil dejaba caer, cuidadosamente envueltas, las sacas que contenían los 13 millones de dólares pagados a los secuestradores que mantuvieron a siete técnicos petroleros de diversas nacionalidades que trabajan para la empresa Repsol-YPF.
En la madrugada del 12 de Octubre de 2000, unos 30 hombres armados ingresaron al campamento que la empresa petrolera tiene en Ecuador, a menos de 100 km. de la frontera con Colombia, y se llevaron a un grupo de técnicos, cinco norteamericanos, dos franceses, un argentino y un chileno. Los dos franceses lograron escapar por sus medios, uno de los norteamericanos fue asesinado en febrero de este año y el resto liberado luego del pago el primero de marzo pasado.
Son casi 600 km. de frontera que separan a Colombia de Ecuador, en su mayoría selva, con unas pocas poblaciones donde los muertos se acumulan esperando ser enterrados. Obviamente, no hay autoridad que investigue estas muertes, se acepta como verdad revelada que si tiene dos dedos de la mano cortados, fue muerto por los paramilitares, por el contrario, si muestra un disparo en la frente, esa es la “firma” de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) claro que “el muerto” sigue siendo, las mas de las veces, un NN más.
Del lado ecuatoriano, son las provincias de Sucumbios y Napo, del colombiano, la región del Putumayo, un centro cocalero por excelencia. En el área ecuatoriana, los índices de pobreza rondan el 90%. Esto explica por qué su población indígena y campesina abandona instantáneamente los cultivos de subsistencia, tan pronto como hace su aparición el abundante dinero proveniente del narcotráfico, y se enrolan como raspachines, guías, escoltas, traficantes de armas, acarreadores de insumos químicos o lo que se ofrezca.
El dinero de la cocaína trajo también a esas diminutas poblaciones las construcciones precarias para albergar tiendas de suministros, alimentos, vestuario, medicinas, prostitutas, alcohol o juego. En suma, todo lo que puedan necesitar guerrilleros y paramilitares que entran y salen con total libertad.
La industria del secuestro también se profesionaliza y busca blancos rentables. La experiencia colombiana es muy importante, se reconoce el terreno, se contrata población local, se monta la logística necesaria para vivir en la selva durante meses (en el último caso más de cinco, sin que los secuestradores pudieran ser encontrados) y se establecen los sistemas de comunicación para negociar el rescate.
La violencia se extiende y aumenta, al punto que ni la guerrilla ni los paramilitares temen enfrentarse abiertamente con la policía (a la que superan en número y armamento) o con el ejército si es necesario (tal como sucedió en enero pasado) para proteger los laboratorios cocaleros.
Hoy , en una acción con pocas probabilidades de éxito, una fuerza del ejército ecuatoriano afirma estar tras la pista del grupo que secuestró a los técnicos petroleros, los que supuestamente estarían aún en el área tratando de pasar a Colombia.
La hipótesis sobre la que trabajan las autoridades es que el grupo tendría vinculaciones con la guerrilla colombiana (más específicamente con el Ejercito de Liberación Nacional) y que la planificación de este último secuestro se habría realizado durante varios meses, y el blanco cuidadosamente elegido, lo que recuerda a un episodio similar sucedido en 1999 , que también concluyó con el pago de una suma varias veces millonaria.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro