El Fondo Monetario Internacional se disfrazó de Rey Mago y organizó una colecta para darle a Argentina 40.000 millones de dólares, lo que permitirá a esta evitar incumplir con su deuda externa de 124.000 millones de dólares. Hasta ahí las buenas noticias porque un análisis del acuerdo muestra que tiene pocas posibilidades de resolver los problemas de Argentina a largo plazo o de conducir a la economía por un camino de crecimiento robusto en el futuro inmediato.
Los problemas argentinos no son consecuencia de la Ley de Convertibilidad de 1991 que vinculó con una paridad fija al peso con el dólar, como mantienen los críticos de esa reforma. Al contrario, los problemas económicos de Argentina son el resultado directo de la insaciable voracidad de su gobierno. La caja de conversión, que le permite al banco central de Argentina imprimir pesos respaldados por sus reservas en dólares, sólo ha hecho más evidente esa voracidad.
Desde 1997, el gasto público ha aumentado de 38,9% del PIB a 49,4%. En el mismo período, la deuda externa del sector público --como porcentaje del PIB-- aumentó de 26% a 32,1%. Como los ingresos tributarios no han mantenido el mismo ritmo del gasto y los ingresos de las privatizaciones han disminuido, el gobierno busca más y más fuentes de financiación exterior. Lamentablemente, el FMI ha sido su cómplice en ello, como el camarero irresponsable que siempre está dispuesto a servirle otra copa más al borracho que quiere seguir bebiendo hasta entrar en coma.
Argentina ha solicitado créditos del FMI en 34 años desde que se incorporó a esa organización en 1956. En marzo del año pasado, el FMI aprobó un crédito de 7.400 millones de dólares para ayudar a Argentina a instrumentar un plan de responsabilidad fiscal, una combinación de aumentos de impuestos y recortes en el gasto público, a fin de lograr un presupuesto equilibrado para el 2003. En septiembre del año pasado ya era evidente que ese objetivo no se lograría. Así que el FMI, en vez de suspender el crédito, accedió a conceder un crédito adicional y a posponer hasta el 2005 la fecha en que Argentina debe lograr un equilibrio presupuestario. Pero esas políticas de más impuestos y más gastos nunca son la manera de promover el crecimiento.
La economía argentina marcha mal desde 1995, creciendo a un promedio de 1% per capita desde entonces. Dos factores lo explican. Primero, Argentina tiene uno de los mercados laborales más regulados del mundo. La mayor parte de esas regulaciones son vestigios de la era de Juan Domingo Perón, quien se inspiró en la Italia fascista de Benito Mussolini. Las regulaciones excesivas dificultan y encarecen el despido, por lo que los patronos no contratan nuevos trabajadores para evitarse problemas. No es sorprendente, entonces, que la tasa de desempleo esté estancada en alrededor del 15% desde 1995. La tasa de subempleo, es decir el número de trabajadores activos como porcentaje de la fuerza laboral que trabajan menos de 35 horas semanales pero que quisieran trabajar más, también es de alrededor del 15%. Además, la regulación excesiva del mercado laboral no les permite a las empresas argentinas reaccionar rápida y eficientemente ante condiciones cambiantes y a nuevas oportunidades de la economía global.
Segundo, los impuestos son altísimos, lo cual afecta negativamente la inversión y la creación de empleo, a la vez que promueve que la gente no pague sus impuestos, empeorando la situación del fisco. En 1999, el Congreso argentino promulgó una ley de responsabilidad fiscal, a sugerencia del FMI, ley que estableció aumentos de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, una ampliación de la base impositiva sobre el valor añadido, y mayores esfuerzos en combatir el incumplimiento. A nadie debe sorprender que la reacción de los sectores productivos de la economía fuese evitar con mayor ahínco el pago de los impuestos y, en algunos casos, transferir inversiones fuera de la Argentina.
Los problemas de Argentina --y las soluciones a esos problemas-- son elementales. La imprudencia del FMI radica en darle dinero y malos consejos. No se trata, lamentablemente, de algo nuevo. El FMI lleva muchos años mostrando a Argentina como un cliente modelo y abandonarla en estos momentos afectaría mucho una reputación ya bastante dañada. Buenos Aires sabe esto y se comporta a la medida, al no emprender las reformas necesarias para encaminar su economía hacia el crecimiento sostenido. Ya sabe que puede contar con los rescates del FMI cuantas veces sea necesario y por ello el gobierno argentino tiene pocos incentivos para introducir reformas efectivas y duraderas. La farsa continúa.
© AIPE
L. Jacobo Rodríguez es director adjunto del Proyecto de Libertad Económica Global del Cato Institute de Whasington.
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