Los mayores recordarán una película española protagonizada por el gran José Luis López Vázquez en la que un cajero prepara un atraco al banco del que fue despedido. El hurto finalmente sale mal por las lagunas del plan diseñado por el protagonista, reflejando en un tono de comedia ese espíritu chapucero que ha caracterizado no pocas veces a una parte de la sociedad española y, en concreto, a sus gobernantes. El título de la película es revelador y nos sirve ahora para ilustrar la reforma de las pensiones que prepara el Ministerio de Trabajo.
Antes de comenzar, hay que recordar que el sistema público de pensiones español es una estafa de estructura piramidal muy similar a la perpetrada por el inversor Bernard Madoff en EEUU. La explicación es sencilla: las pensiones de los jubilados se pagan con el dinero que aportan los trabajadores actuales, lo que pone en riesgo el sistema cuando, como ahora, la sangría laboral ha expulsado del mercado a casi 1,7 millones de cotizantes desde julio de 2007.
No me voy a extender en esta cuestión, que ha sido tratada con brillantez en estas mismas páginas, pero es necesario poner las cosas en su sitio antes de comenzar cualquier estudio sobre el sistema de pensiones, sobre todo ahora que el Gobierno ha decidido bajarse del caballo y encarar la reforma de un modelo que es a todas luces insostenible.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha negado hasta ahora que la Seguridad Social tuviera problemas, pero 2010 va a ser un año muy difícil para la economía española y el Ejecutivo quiere curarse en salud y, de paso, hacer propaganda que, seamos justos, es lo que mejor se le da a los políticos socialistas.
El PSOE ya ha elaborado las líneas maestras de la reforma, filtrada a algunos medios de comunicación afines. Una modificación en la que destaca la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años actuales. Esto supondría una rebaja del 5,5% en la cuantía media, pero no afectará a todos los jubilados por igual. Las madres trabajadoras, por ejemplo, sufrirán esta rebaja; mientras que los trabajadores mayores de 50 años despedidos en el fragor de la crisis serán beneficiados.
Pero el principal problema, por mucho que se empeñen los socialistas, no se encuentra en este cambio del método de cálculo. La cuestión importante es el uso que hace el Gobierno de la caja de la Seguridad Social para arañar votos en la urnas y no perder el poder por causa de la depresión económica a la que se enfrenta España.
Me refiero al aumento de las pensiones mínimas por encima del IPC que le gusta tanto vender al PSOE, un incremento que se paga de forma ilegal con cargo a la caja de la Seguridad Social, cuando el Pacto de Toledo establece que cualquier subida de las pensiones por encima del aumento de los precios debe ser financiada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
No se trata de la única irregularidad. El Gobierno está obligado también a trasladar el dinero procedente del excedente anual de la Seguridad Social al Fondo de Reserva (la denominada comúnmente "hucha de las pensiones"). Es un instrumento que diseñó el Gobierno de Aznar para evitar que este sistema de protección entrara en números rojos. De hecho, cuando el PP llegó al poder, en 1996, la caja estaba vacía. Según los datos oficiales, 2009 terminó con un superávit de más de 7.000 millones de euros, que el Gobierno debe meter en la citada hucha, pero no quiere hacerlo escudándose en los problemas financieros que generan los aplazamientos de pago de las empresas.
No es de extrañar esta forma de actuar bordeando la legalidad cuando se analiza dónde está invertido el dinero del Fondo de Reserva (porque, en contra de lo que ustedes pueden pensar, los recursos no están guardados en una entidad financiera, en el Banco de España, o en el Tesoro, sino que está invertido fundamentalmente en deuda pública española). El dinero, en última instancia, está siendo utilizado para ayudar al sistema financiero y para financiar el despilfarro del Ejecutivo, dentro del que destaca el famoso Plan E.
Por lo tanto, antes de plantear cualquier tipo de reforma del sistema de pensiones que garantice su eficacia y su sostenibilidad en los próximos años, el Gobierno debe cumplir sus obligaciones financieras, dando ejemplo a los trabajadores y las empresas sobre los que quiere cargar el peso de la reforma. Después ya podrá hablar de aspectos técnicos como el cambio en el método de cálculo, apostando por criterios de justicia y pagando a cada jubilado en función de lo cotizado durante toda su vida laboral. Sólo entonces se podrá establecer un debate serio sobre esta cuestión.
Claro que pedir responsabilidad al ministro de Trabajo es un brindis al sol. Sobre todo cuando no le duelen prendas en admitir que las pensiones de los menores de 50 años no están garantizadas, y cuando basa sus previsiones en un informe plagado de errores. Sirva como ejemplo que el citado estudio aseguraba que en 2009 la economía española crecería, cuando la caída del PIB ha rondado el 4%.
En circunstancias normales (si viviéramos en un país medianamente democrático) Corbacho debería dimitir e irse a su casa, dejando el puesto a alguien capaz para afrontar estos retos de enorme trascendencia. De todas formas, y dejando de lado la coyuntura del momento político actual, lo más adecuado es acudir al sector privado para garantizar, al menos, un techo y tres comidas al día para los jubilados futuros.
En contra de lo que mucha gente piensa, los planes de pensiones no son la única vía para no sufrir cuando se deja de trabajar, ya que existen productos de seguro e incluso inversiones con poco riesgo que garantizan el 100% del capital y que tienen beneficios fiscales. Eso ya es una decisión que deben tomar ustedes. Lo que está claro es que el sistema tiene los días contados: quienes tienen ahora menos de 50 años deben saber que su pensión será inferior a la que obtienen los actuales jubilados... eso si la cobran, claro.