Para ver hasta qué punto ha constituido un terremoto la sentencia del Supremo no hay más que analizar la cobertura que los distintos medios de comunicación han dado al asunto. Mientras que los medios que llevan cuatro años defendiendo la versión oficial de los atentados han pasado de puntillas sobre el tema, como si la piedra de molino estuviera ya al rojo vivo y les quemara en las manos, los medios que llevan cuatro años tratando de investigar qué fue lo que en realidad pasó se recrean en la suerte, entre sorprendidos y complacidos, viendo cómo el Tribunal Supremo ha llegado mucho más allá de lo que nadie hubiera esperado hace una semana.
La exclusión explícita de Al Qaeda como responsable del atentado, la contundente desaparición de la única célula puramente islamista (la de la C/ Virgen del Coro) de la trama, la sutil forma con la que el Tribunal Supremo desbarata la atribución de la autoría material a los siete muertos de Leganés, el reforzamiento de la responsabilidad del grupo de confidentes, la confirmación de que no se conocen los autores intelectuales del 11-M, las críticas a la destrucción de las pruebas de cargo... todo ello supone un duro varapalo para quienes han estado intentando adormecer a la sociedad española con el objetivo de que no preguntara por la mayor masacre terrorista de la historia de Europa.
Y supone una confirmación para quienes, desde un pequeño puñado de medios, han estado tratando de desbrozar la maraña de pruebas falsas, de cortinas de humo, de intoxicaciones, con las que se pretendió sepultar las migajas de verdad bajo una montaña de basura, de ruido y de consignas.
No ha ido el Tribunal Supremo tan lejos como nos hubiera gustado. Ha dado por buenos errores garrafales del relato de los hechos realizado por la Audiencia Nacional, como por ejemplo el de que la presencia de nitroglicerina en las muestras de los trenes puede deberse a la utilización de una cantidad indeterminada de Goma2-EC, cuando en el propio juicio quedó acreditado que la Goma2-EC no lleva nitroglicerina desde 12 años antes de que sucediera el 11-M. Pero si alguien me hubiera dicho hace una semana que el Supremo iba a llegar hasta donde ha llegado a la hora de desmontar partes fundamentales de la gran patraña, le habría recomendado que dejara la bebida.
Al final, lo que queda de la versión oficial es un esqueleto tan endeble que poco pueden hacer para sostenerlo en pie aquéllos que, habiendo creído de buena fe en esa versión, intentan aplicar la lógica para encontrarle algún sentido. Basta con hacerse, como sugiere Emilio Campmany en su artículo, una breve serie de preguntas para darse cuenta de cómo lo poco que resta de ese armazón lógico que comenzó a construir Del Olmo una aciaga mañana del mes de marzo de 2004, está hendido por el rayo y en su mitad podrido, mientras que la otra mitad es pasto de la carcoma.
Con todo, quizá lo más importante de la sentencia sea que ha forzado a todo el mundo a desprenderse de las máscaras. Que el Gobierno se decidiera por recurrir a cuatro tópicos y tres palabras huecas para despachar el asunto, entraba dentro de lo previsible. Que Gallardón asumiera el mismo discurso de sus señoritos, a nadie le debe escandalizar. Quizá más sorprendente es que el neo-PP haya optado por ponerse primero de perfil y luego por avalar, con mayor descaro si cabe, la no-instrucción y no-investigación realizada a lo largo de estos años.
Dice Pío García Escudero que "Hoy por hoy, no hay nada más que investigar sobre el 11-M". Entonces, si esto es así, cabría reclamarle a don Pío que nos dijera a todos los españoles los nombres de las personas que colocaron las bombas en los trenes; o el lugar donde se celebró la reunión en la que alguien decidió atentar a tres días de unas elecciones generales; o los nombres de los asistentes a esa reunión. Bastaría con que el señor García Escudero nos diera la respuesta a esas preguntas para que sus afirmaciones resultaran justificadas.
Pero si no sabe la respuesta, si no puede don Pío decirnos a todos quién ha sido, entonces los demás tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que puede esconderse detrás del 11-M para que toda la clase política, sin distinción de ideologías, cierre filas a la hora de defender que la mierda no se remueve. Si no fue ETA y no fue Al Qaeda, ¿entonces quién fue?
Porque tenemos, como ciudadanos, y al margen de cualquier consideración ideológica, el imperativo moral de exigir a los poderes públicos que aclaren quién asesinó a 192 españoles el jueves 11 de marzo. Y aunque ese imperativo moral no existiera, un simple instinto de supervivencia nos obliga a conocer la verdad, para que nadie pueda volver a repetir un atentado como ése.
Y si la clase política decide que hay que mirar hacia otro lado, será la ciudadanía la que mire a otro lado cuando aquéllos que deberían defenderla y no lo hacen vayan a pedirles el voto.
Hoy, como ayer, la desidia, la ineptitud o la falta de honradez de los poderes públicos a la hora de afrontar el tabú del 11-M se han visto compensadas por la actuación de unos pocos medios de comunicación y de un puñado de ciudadanos. Y hoy sabemos, gracias a esa actuación, mucho más del 11-M de lo que sabíamos ayer. Y mañana y pasado mañana va a seguir habiendo gente que luchará porque otro nuevo pasito nos aleje un poco más de la mentira y nos acerque a la verdad un poco más.
Y en esa larga marcha, que terminará cuando se aclare hasta la última coma de lo que pasó el 11-M, cada persona, cada político, cada periodista, deberá decidir si está dispuesto a pelear por el derecho de los ciudadanos a conocer toda la verdad, o si prefiere defender la tesis de que el amo tiene derecho a ocultar la verdad a sus súbditos.
Ýo tengo clara la elección. ¿Y ustedes?