Ahora parece que se aclara la estrategia que hay tras la renovación del PP. Aquí sólo intento reconstruir la lógica implícita a que parece responder un movimiento por lo demás bastante oscuro, pero que no parece quedarse en los gestos personalistas, de toreo de salón, de unos y otros.
Los dirigentes del PP han pensando que insistiendo en la defensa de la unidad nacional y otros símbolos acabarían en un partido testimonial. El estatuto de Cataluña, a punto de caernos encima, va a ser el clarín de una carrera hacia la consolidación de los poderes autonómicos, versus Gobierno nacional, a través de los estatutos ya aprobados –llamémoslos estatutos "Camps"–. Dichos estatutos significan que el Gobierno va a quedar muy mermado en poder y recursos; muy por debajo del poder conjunto de las autonomías más importantes, que serán las que detenten realmente el poder.
La larga sombra de los Camps - Barberá - Valcárcel - Herrera Campo -Cospedal en este Congreso, su celebración en Valencia, son todo un signo de los nuevos tiempos. Nuevos tiempos en que cada ley y cada decisión del Gobierno no dependerán de la mayoría del parlamento más que formalmente: dependerán del apoyo de ciertos poderes regionales ejercidos a través de unos parlamentarios que ya habrán sido cribados convenientemente por su sensibilidad hacia el poder regional que ha filtrado la lista de candidatos.
Y es que antes, gracias al maricomplejismo ejercido en 30 años de Constitución, el poder económico se ha desviado hacia las autonomías, que ya controlan más recursos que el Gobierno central. Y no sólo recursos fiscales: también los recursos de capital, que son los importantes, a través de las cajas de ahorro, que están totalmente en manos de los políticos fuertes en cada región (para decir esto me baso en el excelente artículo de Emilio J. González sobre las cajas de ahorro). Esto quiere decir que las decisiones de inversión estarán cada vez más regionalizadas y politizadas, con todas sus consecuencias: la primera, la priorización por criterios sólo casualmente afines a la rentabilidad económica.
En otras palabras, el PP, o quien lo gobierne ahora, ha decidido defenderse de la amenaza de los estatutos nacionalistas en el terreno de juego del PSOE, cantonalizándose, como hicieron los socialistas hace tiempo. Los barones, como en la Edad Media, se feudalizan y ponen condiciones al Rey. No digo que vaya a haber oficialmente Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea: lo que habrá será una sumisión de la Corte a los poderes aldeanos. Los partidos, ya cantonalizados internamente, al presentarse a las elecciones generales, harán sus listas y sus posibles gobiernos en función de la sensibilidad cantonal.
El PSOE logró reconquistar el poder por esa vía. Lo que pasa es que a primera vista parece una lucha perdida para el PP: el PSOE lleva mucha ventaja en esa estrategia. Tiene mucho terreno ganado en la propaganda –sobre todo la anti-PP–, maquinaria que le funciona de maravilla. El PSOE, digámoslo, es una máquina casi perfecta de gestionar y condicionar elecciones, que tiene claro su objetivo, al que no contrapone ningún escrúpulo. Arrebatar al PSOE sus grandes circunscripciones no parece factible en unas cuantas legislaturas. El PSOE se bate el cobre desde hace 30 años con el PNV y CIU, en un perpetuo tira y afloja, y sus coqueteos con ellos no les hacen mella, como se ha visto en las elecciones. Intentar invadir ese terreno desde la derecha parece destinado al fracaso.
En cualquier caso, es un movimiento antidemocrático en que el poder nacional, defensor de la constitución y la democracia, deja paso a poderes feudales que se unirán por intereses para decidir lo que se hace a nivel nacional. No se trata sólo de abandonar principios, sino de destruir instituciones básicas de unión entre españoles. Y no entro en el eterno tema del posible separatismo.