He leído con gran interés las declaraciones de Junqueras en El País. Son iluminadoras. Todo su razonamiento se basa en la premisa de que el independentismo actúa desde los más estrictos principios democráticos y que todo lo que hicieron en el otoño de 2017 hubiera sido irreprochable en lo que él llama un país normal. España no lo es. En España se dan palizas a los votantes, se encarcela a inocentes y se clausuran Parlamentos por el simple hecho de poner urnas.
En su reflexión, Junqueras no hace ninguna referencia al dictado de la ley. No dice en ningún momento que la votación a la que se refiere estaba prohibida por la ley, que sus promotores fueron encarcelados por transgredir la ley y que el Gobierno y el Parlamento autonómicos fueron intervenidos, al amparo de la ley, por su empeño en subvertirla. Tampoco dice que la leyes que violaron fueron aprobadas por un Parlamento democrático y que su observancia, por eso mismo, obliga a todos por igual, ya sean fontaneros, políticos o sexadores de pollos.
Diga Junqueras lo que diga, nadie en su sano juicio puede creerse que el incumplimiento de la ley hubiera sido una conducta intrascendente en un país normal. No hay países normales o anormales. Hay Estados de Derecho o dictaduras asilvestradas. En los primeros, todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. En las segundas impera el capricho del sátrapa de turno.
Detrás del razonamiento del líder independentista se esconde, sin demasiado disimulo, la convicción profunda de que la política está por encima de la ley y que cualquier violación del código penal que esté inspirada por una idea romántica de naturaleza política debería quedar impune. Por eso la Justicia española ha condenado a inocentes. Por eso el Supremo no tiene razón en nada de lo que ha hecho.
El dislate no tendría mayor importancia si el Gobierno estuviera dispuesto a cortarlo de raíz. Pero no es el caso. Sánchez ha aceptado una negociación cuyo propósito declarado consiste en desjudicializar un conflicto de naturaleza política. De lo que se trata no es de defender la prevalencia de la ley, sino de alejar la acción de la justicia, es decir, dejar sin castigo, a todos aquellos que, envueltos en la estelada, la transgredan al grito de viva la República independiente de Cataluña.
Si se avanza en la consecución de este objetivo, que es el que se ha puesto encima de la mesa de diálogo, ERC apoyará los Presupuestos. De lo contrario, específica Junqueras en la entrevista, volverán a rechazarlos y la estabilidad de la legislatura saltará por los aires. Queda claro, por lo tanto, que el objetivo de Junqueras no es alcanzar la independencia inmediatamente (él mismo reconoce que aún necesita muchos más apoyos para lograrla), sino conseguir que le dejen trabajar para convencer a más gente sin que su acción proselitista acabe siendo penalizada en los tribunales.
El Gobierno sabe de qué va el juego y debe ser consciente de que prestarse a él, aunque sea con la salvaguarda de no cruzar el límite del derecho de autodeterminación, sirve a los intereses independentistas en los términos exactos que ellos demandan. Lo que que buscan a corto plazo es que les permitan llegar hasta la orilla de la independencia sin incordios judiciales, mientras ensanchan la base social de su proyecto, a la espera de que la partida acabe por muerte dulce. Junqueras no ha podido ser más claro: "el objetivo es la independencia y caerá por su propio peso: solo hay que trabajar para convencer a más gente". Cuando el periodista le preguntó si la independencia no es un objetivo imposible, Junqueras respondió: "Una mierda! Una puta mierda!" No parece, desde luego, la respuesta del autor intelectual de una simple ensoñación inofensiva.
¿Es legítimo que el Gobierno escolte a sabiendas una estrategia política tan descarada? Al hacerlo, Sánchez se convierte en cómplice necesario del plan urdido por el independentismo catalán para acabar con la unidad de España. Que nunca diga, al menos, que no lo sabía.