El momento más chusco de todos los momentos chuscos que nos ha deparado la iniciativa socialcomunista para hacerse con el control del órgano de gobierno de los jueces se produjo el jueves pasado. Ese día, Sánchez llegó a Bruselas para participar en la reunión del Consejo y se encontró con un varapalo que no esperaba. la Comisión, con una presteza impropia de la artrítica burocracia europea, puso su plan a caer de un burro. Sánchez torció el gesto. Hizo eso que hace siempre cuando alguna contrariedad le toca las narices: endurecer la mandíbula como si masticara un bocado correoso. Atraídos por el espectáculo insólito del desaire express a un jefe de Gobierno, los periodistas se arremolinaron en torno al séquito sanchista para medir su reacción.
Y aquí viene lo chusco: las gargantas profundas de la comitiva le filtraron a El País que la Comisión no había entendido bien el contenido de la reforma y que cuando se la explicaran con calma se acabaría el conflicto. Ja. La carcajada invadió los pasillos del edificio Europa. Si alguien cree que culpar a la derecha de estar bloqueando la negociación y vender la colonización parlamentaria del CGPJ como única salida viable para salir del impasse puede ablandar a las autoridades comunitarias es que no sabe nada de la cartografía institucional de la Unión. En aquellas latitudes, el PP no es el ogro que desayuna carne cruda de ciudadanos demócratas. Al contrario. El PPE es la fuerza mayoritaria y a quien miran con recelo no es a Casado, que es su socio, sino a Iglesias, que es el compañero de viaje de Sánchez.
Seamos claros: no existe ninguna posibilidad de que el Gobierno de España pueda tramitar la reforma judicial que el presidente del Gobierno se ha sacado de la bragueta con el visto bueno de las instituciones de la UE. Si lo hace —lo que no es descartable, desgraciadamente, dada la proclividad sanchista a poner sus testículos encima de la mesa cuando alguien se atreve a llevarle la contraria— será saltándose a la torera la advertencia del Consejo de Europa (“no menos de la mitad de los miembros de los Consejos Judiciales deben ser jueces seleccionados por sus homólogos”), de la Comisión de Venecia (“Los miembros de un Consejo del Poder Judicial elegidos por un Parlamento deberán serlo por una mayoría cualificada”), del GRECO (“Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”), y de la Asociación de Jueces Europea (“El Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del Estado y estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros”) .
Todas esas instancias, y alguna más que se queda en el tintero, detestan el proyecto que España se trae entre manos. En condiciones normales pondrían el grito en el cielo, pero en las condiciones actuales, con los gobiernos de Polonia y Hungría tramando barbaridades parecidas, el grito se convierte en alarido. Si Ursula von der Leyen —que por cierto es del PPE— y su colegio de comisarios doblara el brazo ante el desafío de Sánchez, su pretensión de frenar las pulsiones liberticidas de polacos y húngaros se vería seriamente comprometida. No le queda margen para el pasteleo. O el presidente español da marcha atrás o el enfrentamiento estará servido. Y las consecuencias pueden ser demoledoras.
Lo explicaba muy bien el otro día el eurodiputado Luis Garicano, conmilitón del comisario de Justicia y del vicepresidente encargado de supervisar los estándares democráticos de los países miembros, en una entrevista en El Mundo: “O Sánchez cambia, o la alternativa es que terminemos intervenidos y nos manden los hombres de negro”. Casado sabe que el argumentario europeo juega a su favor y no parece dispuesto a reblar. Las condiciones que impone para sentarse a negociar con el PSOE —dice él— son inamovibles. Si Sánchez no retira la proposición de ley que registraron el otro día Adriana Lastra y Pablo Echenique y se abraza a la que presentará su partido este lunes para que los vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo, el bloqueo continuará.
Así que solo caben tres posibilidades. O continuamos como hasta ahora, con la prórroga indefinida de los mandatos caducados, o Sánchez se mete el orgullo donde le quepa y acepta las condiciones exigidas por el PP, o sigue adelante con los faroles y no solo pulveriza la independencia judicial sino que coloca a todo el país en grave riesgo de quedarse sin el dinero del fondo de recuperación. Si tuviéramos en La Moncloa a un dirigente verdaderamente preocupado por el interés general no cabrían muchas dudas sobre el sentido de su apuesta final. Pero tenemos lo que tenemos. ¿Puede ponerse el mundo por montera? Se admiten apuestas.