El problema no es que la de este 6 de diciembre haya sido la celebración más fúnebre de las 36 montadas para mayor gloria de la Constitución del 78, sino que puede haber sido la última. El año que viene por estas fechas, si no hay sorpresas en el calendario, aún estarán humeando los resultados de las elecciones generales recién celebradas y alguien sin mayoría absoluta –no hay bola de cristal capaz de decirnos quién– tratará de cocinar un pacto de legislatura que le permita presidir el consejo de ministros. Según la predicción demoscópica sólo hay tres parejas de baile posibles y una cuarta solución multitudinaria, una especie de flashmob de grupos parlamentarios, que junte a casi todos los pequeños con alguno de los medianos. Y en todos los casos, sin excepción, la moneda de cambio exigida por los bailarines para saltar a la pista va a ser la apertura en canal del texto constitucional.
Por eso creo, humildemente, que se equivocan quienes piensan que las alianzas post-electorales del año que viene girarán sobre trueques ideológicos. Podemos no es una formación peligrosa –hoy por hoy– porque pueda sacarnos del euro, o declarar el impago de la deuda, o incrementar el gasto social hasta límites inabordables. No creo que encontrara suficientes compañeros de viaje para esa aventura descabellada, por mucho que la molicie del poder nublara el juicio de unos cuantos. Sin embargo, sí los encontraría –me da a mí en en la nariz– si la invitación no fuera dirigida a compartir un programa ideológico, sino un proceso constituyente. Si de lo que se trata es de cambiar la ley de leyes, es decir, las reglas del juego, es decir, el statu quo, Podemos y PSOE, o PSOE y Podemos, pueden pactar por encima de discrepancias programáticas, como lo han hecho en Cataluña Convergencia y ERC en beneficio de la independencia que ambos desean. Claro que en el binomio que se adivina el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo que la voz cantante, por ser el más votado, la lleve Pablo Iglesias a que la lleve Pedro Sánchez. Y tampoco es lo mismo que en vez de Sánchez, eventualmente abatido por las urnas de las municipales y autonómicas de mayo, sea Susana Díaz la que dirija el cotarro.
Si Podemos diera la campanada, una hipótesis que se desinfla en la encuesta de Metroscopia que publicó ayer El País, la apuesta sería a lo grande. Los cachorros universitarios que salieron de las facultades de políticas juramentados para cambiar el mundo quieren partir desde cero, sin vínculos nostálgicos, y mucho menos jurídicos, con los acuerdos suscritos durante la Transición. Sus propuestas pasan por abrir un proceso constituyente desde abajo, al margen de las cúpulas de los partidos, sin padres de la Constitución que intercambien enmiendas en los reservados de los restaurantes de cinco tenedores de Madrid como si estuvieran en un zoco de Marraquech. Es la apuesta de la ruptura frente a la reforma.
El PSOE de Sánchez impugna el procedimiento, la radicalidad del punto de partida y la marginación de los partidos durante el debate, pero no está lejos de compartir el objetivo final de una Constitución radicalmente nueva que blinde los pilares básicos del estado del bienestar y abra cauces de participación ciudadana en la vida política que resten poder a la casta. El digo donde dije diego a propósito del artículo 135, techo imaginario del gasto público, refleja bastante bien la intención del socialismo vigente de establecer cauces de diálogo con los que le achuchan desde su costado izquierdo. El problema es que la cacareada solución federalista que esgrime el líder sin vocales –casi onomatopeya, por cierto, de un escupitajo– no admite el derecho a decidir que reclaman los nacionalistas para decirnos adiós y Podemos y el resto de la izquierda para pedirles en vano que se queden. Así que una de dos: o Snchz flaquea en su defensa de la soberanía nacional o se pliega a hacer algo que le da urticaria: causa común con el PP. En todo caso, el paseo por la cuerda floja está garantizado.
Las emociones fuertes tampoco se evitarían con una victoria de Rajoy, salvo que reeditara para descrédito de todos los encuestadores del reino la mayoría absoluta, porque la condición sine qua non que le exigiría cualquier socio para sujetarle en el poder sería, precisamente, la de quitar el cerrojo a una reforma constitucional a la que hoy por hoy sólo se opone el PP. Rosa Díez y Albert Rivera, los dos únicos líderes políticos –socialistas aparte– con teórico potencial aritmético para sumar estabilidad parlamentaria, también exigen cambiar las reglas del juego, aunque en sentido contrario, por lo que a la organización territorial del Estado se refiere, a lo que pide el PSOE. Ellos no están por más galvanización de competencias, sino por todo lo contrario.
Con este paisaje de fondo, la pregunta del millón es si Rajoy acierta al negarse a utilizar el año que aún le queda de hegemonía política para moderar el debate de la reforma que todos le piden. Es discutible. Es verdad que abrir ese melón sin tener claro adónde se quiere llegar es un riesgo. Pero también lo es dejar que lo abran otros con intenciones más radicales dentro de doce meses. El Gobierno cree, y me temo que lo cree de buena fe porque el poder deslumbra los ojos y el arriolismo acaba por cegarlos del todo, que el futuro que le depararán las urnas del próximo otoño no es ni mucho menos tan horroroso como predicen los arúspices de los gansos. Y ese es precisamente el problema. Partiendo de la premisa, aparentemente descabellada, de que el reparto de poder no va a sufrir graves alteraciones, Rajoy tiene razón: es mejor esperar a ver con cuánta fuerza llega Podemos al terreno de juego, en qué queda la incierta peripecia de Sánchez al frente del PSOE, cómo evoluciona el culebrón catalán, cuánto escampa la crisis económica y cuál es el grado de deterioro electoral del Gobierno antes de aventurarse en proyectos de mayor cuantía. Ahora bien, como tengan razón los peores augurios y este PP, después de practicar el noble deporte de la caída libre, dé paso a una coalición de inclinación radical, Rajoy añadirá al delito venial de la miopía el baldón histórico de haber puesto en bandeja el expolio del espíritu de la Transición. Y para colmo, en el entretanto, aparecerá ante la opinión pública como el recalcitrante defensor de que todo siga igual, que es justamente lo único que no quieren los electores que llaman a la puerta de un tiempo nuevo. Ese es el riesgo de no hacer nada.