Cuando toque hablar del Gobierno de España, una vez que haya bajado la espuma de los pactos locales y regionales, nos daremos cuenta de que solo había dos soluciones posibles: o se preparaba el terreno para una legislatura de acuerdos razonables (esto es, sin dependencias separatistas que sigan debilitando la fortaleza del Estado ni machadas populistas que aumenten el gasto público mediante sablazos fiscales) o se sentaban las bases para una nueva singladura política a lo Frankenstein. No hay vías intermedias. En los momentos de la verdad no valdrá el recurso a la socorrida geometría variable. El resultado final de las negociaciones en curso, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos, determinará cuál de las dos alternativas posibles acaba imponiéndose.
Hay quien cree que el sello de identidad del nuevo Gobierno quedará fijado en torno a la mayoría que se configure durante la sesión de investidura. Yo discrepo. Si al final no hay Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos podría darse el caso de una mayoría absoluta (situada en 174 escaños y no en 176 tras la suspensión de los diputados que están en prisión preventiva) que invistiera a Sánchez en primera vuelta con los votos en contra de ERC, Junts y Bildu. La suma de PSOE, UP, PNV, CC, PRC y Compromís alcanza la cifra de 174. Sánchez podría decir que encara su primer mandato electoral sin hipotecas independentistas. Pero es discurso tendría las patas muy cortas. Tres meses después, cuando le llegue el turno a la negociación presupuestaria, la aritmética parlamentaria ya será distinta.
Doy por hechas dos premisas. La primera, que Iglesias solo apoyaría unos presupuestos que contemplen las políticas sociales (no discutiré el adjetivo para no atascar el razonamiento) contenidas en el pacto de la moción de censura. La segunda, que Coalición Canaria no podría apoyar esos presupuestos sin incurrir en una flagrante contradicción con el discurso que tan ardorosamente defiende Ana Oramas, llamada a convertirse en piedra angular del equilibrio parlamentario. Ya sé que Sánchez tratará de comprar la voluntad de la minoría canaria con promesas multimillonarias y que ya hemos visto caer muchas veces torres de virtud política más altas, pero sigo creyendo que no todo es cuestión de precio. Por mucho que lo intento, no consigo ver a Oramas y a Iglesias en la misma alineación presupuestaria.
Si yo estuviera en lo cierto, la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos colocaría a Sánchez en desventaja. Podría sumar 172 apoyos, pero tendría en contra 175. La devolución de las cuentas resultaría inevitable y el presidente del Gobierno tendría que volver a prorrogar las de Rajoy —que son las que están vigentes— o disolver las Cortes el 4 de marzo de 2020 (hasta esa fecha no podría hacerlo). Si Coalición Canaria no flaquea, la aprobación de los presupuestos exigirá el concurso de los independentistas, ya sea por vía de la abstención o del voto afirmativo. En cualquier caso, Sánchez tendrá que sentarse a negociar con ellos: ese será, a mi juicio, el gesto político que selle la verdadera identidad del nuevo Gobierno. Ahí le esperan, con la factura bajo el brazo, Junqueras y Cía.
El ensayo general con todo se está llevando a cabo en Navarra. El PSOE tiene allí la posibilidad de apostar inequívocamente por el constitucionalismo, uniendo sus fuerzas a las de Navarra Suma, o presidir el Gobierno foral con el apoyo de Geroa Bai, Podemos y Eskerra, y la abstención de Bildu. Los socialistas navarros dicen que no se sentarán a hablar con los proetarras, pero Arnaldo Otegui se ha apresurado a aclarar que solo se abstendrán para investir a la candidata socialista, María Chivite, si obtienen a cambio la alcaldía de Pamplona. El independentismo —catalán o vasco— nunca da nada gratis. Y su abstención, cuando es condición necesaria, sale por un ojo de la cara. Sánchez lo sufrió en su propia carne durante la tramitación —fallida— de los últimos Presupuestos. ¿Se nos había olvidado?
Por eso no serviría de nada, en mi humilde opinión, que Ciudadanos o PP —o ambos— se abstuvieran en la investidura de Sánchez para evitar que ERC y Junts siguieran extorsionando al Estado. ¿O les vamos a exigir también que se abstengan durante la votación presupuestaria? Las dos únicas maneras de conseguir que la estabilidad política no dependa del separatismo son estas: o comprar a Coalición Canaria para que, a cambio de dádivas multimillonarias, comulgue con la política social podemita (lo que sería bueno para Canarias y pésimo para España), o apartar a Sánchez de las fauces frankenstinianas y buscar un acuerdo razonable con Ciudadanos. Eso es lo que está en juego en las negociaciones territoriales de estos días. Luego, que nadie se llame a engaño. Estamos avisados.