Si algo hemos aprendido en las últimas semanas es que no conviene creerse lo que dicen los independentistas en voz alta. Sus palabras van en una dirección y sus intenciones en otra. También hemos aprendido que no todos comparten ya las mismas intenciones. En la zona radical, la CUP pretende seguir adelante con la República independiente de Cataluña. En la zona pragmática, ERC quiere mandar al desván de las pesadillas el 155, recuperar el control de las instituciones autonómicas y seguir con el procés a ritmo lento para evitar los rigores carcelarios que contempla el incumplimiento de la ley. Un sector del PDeCAT comparte el mismo criterio. Por último, en la zona iluminada, los fieles a Puigdemont solo quieren oír hablar de la investidura de su caudillo.
Radicales e iluminados cabalgan juntos. En la medida en que el nuevo vecino de Waterloo se comprometa a seguir adelante con los faroles de la independencia -lo que ellos llaman la implementación de la República-, Riera y los suyos están dispuestos a llevarle en volandas telemáticas a la presidencia de la Generalitat. De hecho, según hemos sabido hace unos días, unos y otros ya tenían hilvanado un nuevo plan, con Puigdemont a la cabeza, que contemplaba el triple compromiso de continuar con el procés desde el mismo punto donde lo interrumpió el mazazo del 155, acabar con las subvenciones a los colegios del Opus y nacionalizar las aguas del Ter.
Según cuentan algunos negociadores de ese peculiar acuerdo, que fija un catálogo de prioridades digno de estudio psiquiátrico, ERC se había comprometido a ratificarlo la misma mañana del día 30, justo antes de que diera comienzo el debate de investidura previsto para las tres de la tarde. Pero el pacto no se rubricó. En lugar de eso, Torrent aplazo sine die la investidura y colocó en el limbo de lo desconocido el momento procesal de la legislatura. Y en estas estamos. A la espera de que los letrados del Parlament nos digan si las agujas del reloj avanzan o están paradas y de que las tres sensibilidades separatistas decidan ajuntarse de nuevo o se mandarse definitivamente a defecar.
La tesis más extendida es que estamos más cerca de lo segundo que de lo primero. La propuesta que hizo Junqueras desde Estremera, la de la bicefalia simbólica y efectiva, no cuenta con el apoyo de la CUP y tampoco despierta pasiones en el club de fans de Puigdemont. Que éste último se convierta en el archipámpano de todas las Cataluñas a título honorífico, a los radicales es algo que les trae sin cuidado. A ellos solo les interesa avanzar hacia la plenitud republicana y solo votarán a favor de un president ejecutivo que les garantice la consecución de su objetivo. El resto de la parafernalia se la sopla.
Así que una de tres: o ERC se lía la manta a la cabeza y accede a lanzarse por la senda de la desobediencia al TC, o Puigdemont se baja del burro y renuncia a ser el único candidato a la investidura, o nos topamos de bruces con nuevas elecciones. Pero ojo: nuevas elecciones no significa exactamente lo mismo que repetición electoral. La repetición solo se produciría, estricto sensu, si fueran los mismos candidatos quienes se sometieran de nuevo al veredicto de las urnas. Y ya sabemos que eso no va a pasar. Las inhabilitaciones están a la vuelta de la esquina y es un fijo en todas las quinielas que ni Puigdemont ni Junqueras podrán presentarse.
Por eso cuesta tanto entender el empecinamiento de los iluminados. En abril, la razón de ser de su conducta habrá decaído. Puigdemont estará fuera de las listas, no tendrá derechos parlamentarios que le amparen, se quedará sin ingresos confesables y vagará como un prófugo de a pie por la tumba de Waterloo, donde tantos otros cadáveres duermen el sueño eterno. Si fuera cuco aprovecharía la ocasión que le brinda Junqueras para sacar algo en limpio de esta situación agónica.
Aún está a tiempo de vender como un acto de generosidad -esa que le están pidiendo estos días muchos de sus camaradas- algo que en el fondo redundaría sobre todo en su propio beneficio.