El hecho cierto es que de todas las sentencias posibles, fundadas en derecho, la que conoceremos mañana (rectifico: la que conocimos anteayer, para vergüenza del Supremo) es la más indulgente que podíamos esperar. Hombre, también cabía la posibilidad de que sus Señorías no hubieran advertido la comisión de delito alguno, o solo de algún delito menor, pero eso hubiera ido en contra de sus propios actos. ¿Dos años de prisión preventiva para devenir, al final del procedimiento, en una sentencia absolutoria o una condena mínima? Hubiera sido para correr a birretazos a los siete jueces por la plaza de Las Salesas. No. Sus Señorías tenían claro desde el principio que estaban ante conductas que merecían un reproche penal de mayor cuantía. Por eso, entre otras cosas, rechazaron sistemáticamente todas las peticiones de libertad provisional. Que iba a haber sentencia condenatoria, estaba claro. Y que esa sentencia acarrearía penas privativas de libertad, también. Lo que faltaba por saber era el grado de severidad del pronunciamiento. Ahora ya lo sabemos: de todos los posibles, el menor.
Un hecho que casi todos los observadores juzgamos escandaloso, al inicio del proceso, ha acabado siendo fundamental para que las cosas hayan acabado así. La abogacía del Estado, cuando el máximo responsable del área penal era Edmundo Bal, calificó los hechos como constitutivos de un delito de rebelión.
Los independentistas pusieron el grito en el cielo y urgieron al Gobierno a que utilizara su prerrogativa jerárquica para obligar al abogado del Estado a que cambiara los términos de la acusación. Y el Gobierno lo hizo. Y Edmundo Bal fue apartado de la causa. Y su jefa puso sedición donde él había escrito rebelión. Y la unanimidad acusatoria se deshizo. Hasta ese momento, todos los actores del proceso —menos las defensas— habían apreciado en la conducta de los acusados un delito de rebelión: el juez instructor, el ministerio fiscal, la acusación particular y, en primera instancia, la abogacía del Estado. Los jueces hubieran tenido muy difícil discrepar de todos ellos. Pero el giro de la abogacía del Estado les daba una salida. La más blanda de todas. Y esa es la que han elegido.
Por eso no es aberrante concluir que la sentencia apesta a política. El criterio menos profesional de todos (de origen político, no jurídico) es el que finalmente se ha llevado el gato al agua. Y no es esa la única circunstancia maloliente. También el afán de unanimidad apesta a política. El empeño de evitar votos particulares pretende trasmitir la idea de que el fondo del asunto no admite vuelta de hoja. Si siete magistrados lo ven de la misma forma es que, necesariamente, tiene que ser de esa forma. Pero eso no funciona así. Imaginemos por un momento que la sentencia la hubieran dictado otras cinco togas del Supremo con la misma categoría profesional, la misma ciencia jurídica a sus espaldas y el mismo prestigio en la Sala: Pablo Llarena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En ese caso, también por unanimidad, los acusados habrían sido condenados por rebelión. La unanimidad de los magistrados no trasmite, por lo tanto, certeza jurídica, sino otra cosa: cabildeo y negociación. O sea, política al servicio de los intereses del Estado.
Tengo la sospecha de que los magistrados, conscientes de la trascendencia histórica y política de su pronunciamiento, le han dado más peso a consideraciones alternativas al derecho que al derecho mismo. Según las filtraciones, la petición de la fiscalía de que la sentencia incluyera la prohibición expresa de acceder al tercer grado hasta que no se haya cumplido la mitad de la pena también va a ser rechazada, y eso significa que los condenados podrán acceder al tercer grado, a instancias de la Junta de Tratamiento, desde ahora mismo. Así que lo probable es que enseguida les veamos en libertad. Inhabilitados, sí. Pero libres. Y, por supuesto, jaleados en olor de multitud. Dará igual que no ocupen cargos públicos de carácter institucional. Serán héroes en vida, referentes morales, fuentes de poder, senadores vitalicios en los escaños del Olimpo independentista con capacidad para urdir desde la misma Barcelona —no desde Waterloo, que pasa a ser el burladero de los cobardes— la próxima conspiración para la rebelión. ¿O era sedición? Lo que el abogado del Estado diga.